El juicio por “golpe de Estado” abre al gobierno de Arce 4 frentes de fricción internacional

Brújula Digital |18|03|21|

El proceso denominado “golpe de Estado” y sus consiguientes cinco encarcelamientos que hay hasta ahora, entre ellos de la expresidenta Jeanine Añez, abrió al gobierno del presidente Luis Arce al menos cuatro frentes de fricción internacional, con la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Brasil.

Las detenciones preventivas en cárceles de La Paz de Añez, de los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, además de los exjefes militares Flavio Arce y Pastor Mendieta, hicieron que los organismos internacionales y el gobierno boliviano emitan una serie de consideraciones.

La relación bilateral más comprometida es la del gobierno de Bolivia, en manos del Movimiento Al Socialismo (MAS) con la OEA, organismo que dio paso a la denuncia de fraude electoral en los comicios generales de 2019 y a la consiguiente renuncia de Evo Morales a la Presidencia, para que Añez le suceda de manera transitoria.

Tras la decisión de encarcelamiento de las exautoridades del anterior gobierno, la OEA indicó que tomó nota de preocupaciones expresadas por una serie de instancias internacionales. Por ello expresó su inquietud “ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de Gobierno".

El organismo internacional advirtió que “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, por problemas de estructura y, en particular, de su integración". Por ello solicitó la liberación de los encarcelados.

La respuesta del gobierno boliviano no se dejó esperar. La Cancillería emitió un comunicado en el que sostuvo que “El Sr. Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019… Bolivia expresa que llevará adelante las iniciativas necesarias para que las reprochables acciones de Luis Almagro no queden impunes”, señaló con lo que dejó abierta la posibilidad de un juicio.

En contrapartida, la OEA emitió otro comunicado en el que sugirió llevar ante la Corte Penal Internacional (CPI) las denuncias de delitos de lesa humanidad del último gobierno de Morales hasta la actualidad.

Otra vuelta la Cancillería de Bolivia respondió y ratificó en su comunicado anterior. También advirtió que defender la soberanía del Estado y la independencia de los órganos estatales.

Además, hubo otras iniciativas del MAS en la Asamblea. En el Senado se aprobó una Declaración Camaral que rechaza la política intervencionista e injerencista de la OEA, aspecto que no contó con el aval de senadores opositores de Creemos y de Comunidad Ciudadana (CC). Otros asambleístas oficialistas incluso sugirieron que Bolivia deje la OEA.

El otro frente de fricción del gobierno boliviano por este juicio se dio con la Unión Europea. El 10 de marzo, el canciller Rogelio Mayta dijo que pidió a la Embajada del Reino Unido en Bolivia un informe respecto a una injerencia que habría tenido en la crisis de 2019 para la renuncia de Morales.

Esa solicitud tuvo como base el artículo “Desclasificado: Gran Bretaña apoyó el golpe en Bolivia para acceder al ‘oro blanco’”, del periodista Matt Kennard que había sido publicado dos días antes.

En el citado artículo, el autor sostiene que documentos desclasificados del ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido dan indicios de que su embajada “actuó como ‘socio estratégico’ del régimen golpista y organizó un evento internacional de minería en Bolivia cuatro meses después del derrocamiento de la democracia”, indicó, el mismo que habría estado encaminado hacia intereses colaterales sobre las reservas de litio.

En respuesta a esa posición, la UE emitió un comunicado en el que sostuvo: “Ante acusaciones de actores sociales contra la Unión Europea manifestamos lo siguiente: En 2019 y 2020, la Unión Europea participó en apoyo a tareas de mediación bajo el liderazgo de la Conferencia Episcopal y junto con las Naciones Unidas. La mediación contribuyó a evitar más enfrentamientos, abrió puertas a la pacificación del país y permitió acuerdos que llevaron a la realización de elecciones transparentes en la que fue elegido el nuevo gobierno nacional”.

“Rechazamos categóricamente las acusaciones sobre intereses colaterales. El compromiso de la Unión Europea con Bolivia está reflejado en su apoyo a la preservación del estado de Derecho y la paz”, añadió la UE.

Las otras dos fricciones internacionales del gobierno de Arce tienen que ver con Estados Unidos y Brasil, pues la Cancillería convocó a los representantes diplomáticos de ambos países para indicarles que sus gobiernos no deben intervenir en asuntos internos de Bolivia.

Esta semana, la portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jalina Porter, expresó su “preocupación” por los procesos contra Áñez y sus exministros.

En el caso de Brasil, el martes, el presidente Jair Bolsonaro cuestionó el encarcelamiento de la exmandataria. Calificó de “irrazonable” la acusación que pesa en contra de ella por un “golpe de Estado” que se habría dado en 2019.

BD/JJC