La CIDH denuncia “persecución judicial de opositores políticos” con normas que “violan” la legalidad

Brújula Digital |16|03|21|

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este martes que “advierte”  con “recurrencia” de una “persecución judicial de opositores políticos”, con leyes que “violan el principio de legalidad”, y pide otorgar “garantías legales” a los acusados, un día después que la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros fueran encarcelados, además de la aprehensión de un excomandante de la FFAA que se presentó el lunes de manera voluntaria.

“Resalta que, del monitoreo de la situación de derechos humanos en Bolivia, se advierte la recurrencia de denuncias de actos y patrones de persecución judicial de opositores políticos, en distintas administraciones del Gobierno del Estado, mediante la utilización, precisamente, de los tipos penales de sedición y terrorismo, entre otros”, señala un pronunciamiento de la CIDH, cuyo Grupo de Expertos y Expertas Independientes investiga las violaciones a derechos humanos sucedidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

La expresidenta Añez y los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra se encuentran detenidos de manera preventiva en cárceles de La Paz, desde el lunes, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. En la víspera fue aprehendido, el excomandante del Ejército, Jorge Pastor Mendieta, se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía, sin embargo, quedó aprehendido para ser procesado por el supuesto “golpe de Estado”. 

Alertó que ciertas leyes nacionales de antiterrorismo violan el principio de legalidad. “Ciertas leyes nacionales de antiterrorismo violan el principio de legalidad porque, entre otros, incluyen una definición exhaustiva del terrorismo que, inevitablemente, resulta excesivamente amplia e imprecisa”. 

Añade que “en esa línea, ha hecho un llamado a los Estados de la región a observar el principio de legalidad en la formulación de los tipos penales y urgido a que los procesos penales por el delito de terrorismo cumplan con los requisitos fundamentales de que nadie debe ser condenado por un delito excepto sobre la base de la responsabilidad penal individual y con el corolario de este principio que prohíbe la responsabilidad penal colectiva”.

Por ello, señala la CIDH, “urge al Estado Plurinacional de Bolivia a continuar velando porque las personas procesadas en este contexto cuenten con garantías legales mínimas para ejercer sus medios de defensa, tales como el derecho a la presunción de inocencia” y “a contar con una defensa; a presentar recursos efectivos; a conocer la imputación o acusación; a conocer las pruebas y tener la posibilidad de contradecir estas últimas, entre otros”.

La CIDH “reitera que los procesos judiciales, incluyendo aquellos iniciados por la posible comisión de delitos contra el orden constitucional interno, deben realizarse con irrestricto apego a los estándares interamericanos relativos a las garantías judiciales, protección judicial y acceso a la justicia, en el marco de un sistema de justicia independiente, imparcial y libre de interferencias de El organismo, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), pide “garantizar la reparación integral de las víctimas y sus familiares en relación con las graves violaciones a los derechos humanos” y “urge a Bolivia a actuar en estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia y debido proceso”.

Independencia judicial

La Comisión manifestó su “preocupación ante las reiteradas denuncias sobre la falta de independencia en la administración de justicia en el país, así como la prevalencia de desafíos estructurales en el sistema judicial”. 

Recordó que la independencia de todo órgano es indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso y que su ausencia afecta el acceso a la justicia y fomenta la desconfianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia, en general. 

En ese marco llamó al Estado de Bolivia a tomar las medidas necesarias para garantizar la independencia e imparcialidad del sistema de justicia en el país, mediante una reforma estructural fundada en el principio de acceso a la justicia de las víctimas y a una reparación oportuna y adecuada.