OEA afirma que el “sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar mínimas garantías de juicio justo”

Brújula Digital |15|03|21|

“El sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo”, asegura la Organización de Estados Americanos (OEA), después que este lunes la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros fueron encarcelados por presunto “golpe de Estado”. El organismo también planteó la investigación de hechos de corrupción en los gobiernos de Evo Morales y de Añez, además de remitir las “denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad” a la Corte Penal Internacional, reformar el sistema judicial, y demanda la liberación de los detenidos en la víspera.

“El sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, debido a problemas de estructura y en particular de su integración”, señala la organización internacional.

Explica que “la OEA observó las elecciones del Poder Judicial (en 2017) en el país, las cuales se realizaron sin participación de la oposición por considerarse carente de garantías el proceso y muy avanzada la cooptación de ese poder del Estado por parte del partido de Gobierno”.

La OEA añade que “también en su momento la Secretaría General de la OEA debió realizar gestiones respecto al enjuiciamiento de líderes opositores como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga”.

Recuerda que “en los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno”.

Plantea investigación internacional

La OEA planteó este lunes la investigación de hechos de corrupción en los gobiernos de Evo Morales y de Jeanine Añez, además de remitir las “denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad” a la Corte Penal Internacional, para que el juzgamiento sea imparcial y atienda a variables objetivas de responsabilidad, reformar el sistema judicial y la liberación de los detenidos, entre ellos la exmandataria y dos exministros, entre otros.

 “Conformar en el marco del sistema de la ONU y/o de la OEA una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último período de gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo obviamente el período del gobierno de transición”, señala un comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación en Bolivia.

En los 14 años de gobierno de Morales se contabilizaron al menos 20 hechos de corrupción considerados emblemáticos, los que no fueron resueltos. La OEA afirma que estos casos no prescriben: caso barcazas chinas por valor de 38 millones de dólares; el Fondo Indígena alcanza a 685 millones de bolivianos que aparecieron en cuentas particulares; plantas separadoras de Río Grande y Gran Chaco por 772 millones de dólares, entre otros. En el gobierno de Añez la compra de respiradores chinos que habrían sido adquiridos con sobreprecio de seis millones de dólares.

La OEA también plantea “remitir las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional para que el juzgamiento sea imparcial y atienda a variables objetivas de responsabilidad”.

Después de 12 años del operativo en el Hotel Las Américas  -en el que murieron Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi- lo ocurrido la madrugada del 16 de abril de 2009  aún no ha sido esclarecido. Antes de la renuncia de Evo Morales, murieron dos personas en Montero, una en El Prado de La Paz, entre otras. En el gobierno de Añez fallecieron una veintena de personas en Sacaba y Senkata, entre otras regiones.

El organismo internacional también propone “reformar el Sistema de Justicia a través de un diálogo político profundo de todos los actores políticos, académicos y sociales, así como - de considerarlo oportuno - la cooperación internacional” porque “la reforma de la Justicia es imprescindible para transformarla legítimamente en un poder del Estado independiente y revertir el proceso acelerado de cooptación que sufre actualmente”.

La OEA plantea “la liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades como los señalados ut supra, y especialmente teniendo en cuenta la existencia de variables de persecución política como las denunciadas por el Instituto Casla”.

El análisis de la OEA

Ante los recientes acontecimientos en Bolivia, señala el comunicado de la OEA, “la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”.

Explica que “este hecho ha sido motivo de preocupación de la Secretaría General de la OEA desde que se requirió su presencia para evaluar la falta de garantías en las audiencias que pretendían sustanciar acusaciones contra Samuel Doria (Medina)”.

Asimismo, prosigue, “la OEA observó las elecciones del Poder Judicial (en 2017) en el país, las cuales se realizaron sin participación de la oposición por considerarse carente de garantías el proceso y muy avanzada la cooptación de ese poder del Estado por parte del partido de Gobierno”.

Añade que “también en su momento la Secretaría General de la OEA debió realizar gestiones respecto al enjuiciamiento de líderes opositores como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga”.

Recuerda que “en los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno”.

Lamentablemente, afirma, “esas amenazas se han concretado en muchos casos. En este contexto, es importante recordar que la Carta Democrática Interamericana en su artículo tres define como elemento esencial de la democracia representativa la separación e independencia de los poderes públicos”.