Mesa denuncia a organismos que Gobierno busca “infundir terror”, “eliminar a la oposición” y “amordazar”

Brújula Digital |14|03|21|

El expresidente Carlos Mesa denunció este domingo a la comunidad internacional que el gobierno de Luis Arce pretende “infundir terror”, “eliminar a la oposición” y “amordazar” con las aprehensiones inconstitucionales de la exmandataria Jeanine Añez y dos de sus exministros, enviadas a celdas policiales, donde siguen de manera virtual la audiencia cautelar.

“Estas circunstancias demuestran que el objetivo de las detenciones inconstitucionales referidas, no es impartir justicia ni descubrir la verdad de lo ocurrido, sino  infundir terror desde el gobierno, manipulando la fuerza policial, fiscal y judicial del Estado, para eliminar la oposición al actual gobierno y amordazar a parte considerable de la sociedad boliviana, que no comulga con la ideología y práctica del MAS, para evitar que reclame sus derechos y ejerza sus reivindicaciones. En otras palabras, el país enfrenta el riesgo de seguir el camino del régimen dictatorial de Venezuela”, señala la carta enviada por Mesa a Michelle Bachelet, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la misiva explica que “la actual administración afirma que el gobierno de su antecesora, Jeanine Áñez, fue ‘de facto’, cuando está claro que nació de una crisis de Estado producto del fraude electoral y del vacío de poder gestados por el expresidente Evo Morales después de la votación en las elecciones anuladas del 20 de octubre del año 2019. Esa anulación se hizo por el fraude electoral comprobado por la auditoría de la OEA, avalada por la Unión Europea. El gobierno del MAS, que responde a la influencia directa del expresidente Morales, está usando la figura de un falso e inexistente ‘golpe de Estado’ para perseguir con un proceso penal manipulado, a los principales líderes de la oposición, algunos de los cuales han ganado las elecciones del 7 de marzo en sus respectivos departamentos y municipios”.

Mesa recuerda que “el gobierno de la expresidenta Jeanine Añez, de derecho y no de facto, fue producto de una sucesión constitucional y fue reconocido internacionalmente por la mayoría de los países que conforman la ONU y la OEA. En Bolivia ese reconocimiento fue hecho por una Declaración del Tribunal Constitucional, una Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces controlada por el MAS, que anuló las elecciones viciadas del año 2019, sobre la base de la auditoría de la OEA, y reencauzó el proceso electoral hacia las elecciones de octubre del 2020”.

Añade que “el aval del gobierno de la presidenta Añez lo dio además, la toma del mando por el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, cuya base sucesoria y de investidura no fue otra que la constitucionalidad del gobierno precedente” pues “estos antecedentes descalifican el discurso y propaganda del actual gobierno que intenta posicionar, a nivel nacional e internacional, la falsa imagen de un inexistente ‘golpe de Estado’ para tapar el mayor fraude electoral en Bolivia desde la reconquista de la democracia el 10 de octubre de 1982”.

Mesa llamó a “la comunidad internacional ponga su máxima atención en Bolivia, para evitar en un futuro próximo el colapso de la democracia y la vulneración sistemática de los derechos humanos”.

El Ministerio Público emitió este domingo la imputación formal de cargos contra la exmandataria Añez, por la supuesta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, por los que la Fiscalía solicitó una prisión preventiva por seis meses.

Se trata de la medida cautelar más severa, pues los fiscales firmantes, Harold Jaramillo, Rudy Terrazas y Omar Mejillones, indicaron que pidieron tal período en la cárcel de Obrajes de La Paz por el presunto riesgo de obstaculización del proceso y peligro de fuga, bajo el argumento de que Añez fue detenida cuando estaba “lista para abandonar presumiblemente el país o permanecer en otro lugar para no ser aprehendida”.

La prisión preventiva de seis meses también fue solicitada para los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, quienes serían recluidos en la penitenciaría de San Pedro.