Jueza dispone cuatro meses de cárcel para Añez y dos exministros por presunto “golpe de Estado”

Brújula Digital |14|03|21|

Una jueza dispuso la noche de este domingo que la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros vayan a la cárcel por cuatro meses por el presunto “golpe de Estado”, en noviembre de 2019, y según los fiscales del caso, las tres exautoridades son procesadas porque incurrieron supuestamente en acciones ilegales antes de asumir sus nuevos cargos.

“Por tanto, la Jueza Novena de Instrucción en lo Penal, por las facultades conferidas por el Artículo 54, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, dispone y determina que la presente causa se desarrolle con aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva para Álvaro Eduardo Coímbra y Álvaro Rodrigo Guzmán en el centro penitenciario de San Pedro, en la sección apartada de los que tienen condena. Para la ciudadana Jeanine Añez, en el Centro de Orientación Femenino de Obrajes, de la misma manera, en una sección apartada de las que tienen condena por el lapso de cuatro meses”, determinó la jueza de turno de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz, Regina Santa Cruz.

La audiencia cautelar virtual duró más de nueve horas. Añez, Coímbra y Guzmán participaron de la audiencia virtual a través de sus celulares y desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, donde llegaron entre el viernes y la madrugada del sábado.

Los fiscales, Rudy Terrazas, Omar Mejillones y Harold Jarandilla afirmaron que no se procesa la sucesión constitucional de Añez, sino  las presuntas acciones ilegales que la exmandararia y otras exautoridades cometieron antes de asumir sus cargos después de la renuncia de Evo Morales. En la audiencia, los fiscales afirmaron que existía un riesgo de fuga, supuestamente desconocían que los tres imputados tenían domicilios permanentes.

El expresidente Carlos Mesa denunció este domingo a la comunidad internacional que el gobierno de Luis Arce pretende “infundir terror desde el gobierno, manipulando la fuerza policial, fiscal y judicial del Estado, para eliminar la oposición al actual gobierno y amordazar a una parte considerable de la sociedad, que no comulga con la ideología y práctica del MAS, para evitar que reclame sus derechos y ejerza sus reivindicaciones. En otras palabras, el país enfrenta el riesgo de seguir el camino del régimen dictatorial de Venezuela”.

Mesa recuerda que “la actual administración afirma que el gobierno de su antecesora, Jeanine Áñez, fue ‘de facto’, cuando está claro que nació de una crisis de Estado producto del fraude electoral y del vacío de poder gestados por el expresidente Evo Morales después de la votación en las elecciones anuladas del 20 de octubre del año 2019. Esa anulación se hizo por el fraude electoral comprobado por la auditoría de la OEA, avalada por la Unión Europea. El gobierno del MAS, que responde a la influencia directa del expresidente Morales, está usando la figura de un falso e inexistente ‘golpe de Estado’ para perseguir con un proceso penal manipulado, a los principales líderes de la oposición, algunos de los cuales han ganado las elecciones del 7 de marzo en sus respectivos departamentos y municipios”.

Mesa también recuerda que “el gobierno de la expresidentaAñez, de derecho y no de facto, fue producto de una sucesión constitucional y fue reconocido internacionalmente por la mayoría de los países que conforman la ONU y la OEA. En Bolivia ese reconocimiento fue hecho por una declaración del Tribunal Constitucional Plurinacional, una Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces controlada por el MAS, que anuló las elecciones viciadas del año 2019, sobre la base de la auditoría de la OEA, y reencauzó el proceso electoral hacia las elecciones de octubre del 2020”.

Al inicio de la audiencia, la defensa de la expresidenta presentó, ante la jueza, incidentes legales para que se declare la ilegalidad de la aprehensión de las tres exautoridades en Beni, el pasado viernes y sábado. También solicitó la anulación de la imputación porque los fiscales no fundamentaron ni presentaron indicios de que se haya producido el supuesto golpe y que sus clientes estuvieron involucrados en los mismos.

La jueza Santa Cruz declaró “infundados” los incidentes y rechazó ambos pedidos. Mientras se desarrollaba la audiencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por su cuenta de twitter: “En particular, la CIDH recuerda que el Estado de Bolivia debe velar porque las personas detenidas cuenten con garantías mínimas para ejercer su defensa, incluyendo la presentación de recursos efectivos, el conocimiento de las imputaciones, examen y contradicción de pruebas”.

Fundamentos de la Fiscalía

De acuerdo con la fundamentación fiscal, “existen suficientes indicios que permiten al Ministerio Público tomar convicción de la existencia del hecho delictivo y la probable participación de los imputados”.

Según el Ministerio Público, hay indicios de que los denunciados están involucrados en actos sediciosos y conspirativos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz como consecuencia de las elecciones presidenciales de 2019 y la demora de la publicación de los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Estos hechos sediciosos y conspirativos, que fueron concatenados y ordenados, impidieron que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna y que sus directivas camarales actúen normalmente, más por el contrario, las personas hoy denunciadas comenzaron persecuciones y efectuaron una serie sistemática de amedrentamientos para que autoridades electas constitucionalmente se vean forzadas a renunciar”, se lee en el documento de ampliación de imputación del Ministerio Público.

La fundamentación añade: “De esta manera posibilitaron que la segunda vicepresidenta del Senado (Jeanine Añez) asumiera la Presidencia de nuestro país de una forma amañada, los hechos de violencia y sedición tenían el propósito de consolidar la imposición ilegal e ilegítima de un nuevo gobierno contrario al orden constitucional, esto a la cabeza de Jeanine Añez y un grupo de personas antes de la posesión, entre ellos Álvaro Guzmán y Álvaro Coímbra (posteriormente posesionados como ministros)”.

La ampliación de la imputación contra las tres exautoridades se concretó en el marco del proceso investigativo del caso presentado por la exlegisladora del Movimiento Al Socialismo, Lidia Patty, quien denunció los delitos presuntamente cometidos; sedición, conspiración y terrorismo.