La Unión Europea pide proceso transparente y sin presiones políticas por los “hechos de 2019”

Brújula Digital |13|03|21|

Horas después de la que la expresidenta Jeanine Añez solicitó en arribo de una delegación de la Unión Europea (UE) para que evalúe las aprehensiones de exautoridades de su gobierno, el Alto Representante de la UE para Asuntos Externos, Josep Borrell, pidió este sábado un proceso transparente y sin presiones políticas por los hechos de 2019. 

“Siguiendo los eventos en #Bolivia. Las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas, respetando la independencia de poderes. Diálogo y reconciliación son cruciales. La #UE continuará apoyando a Bolivia” escribió Borrell en su cuenta de Twitter.

Desde las celdas policiales, Añez demandó horas antes a la UE y a la Organización de Estados Americanos (OEA) el envío de sus misiones de observaciones a La Paz para evaluar las aprehensiones registradas en las últimas 24 horas, que según Human Rights Watch “se trata de un proceso basado en móviles políticos”.

El viernes fueron aprehendidos los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra en Trinidad, en el marco del proceso abierto por el caso “golpe de Estado”. Durante la madrugada de este sábado, la Policía aprehendió a la expresidenta Añez, por la misma causa. Los tres fueron trasladados a la ciudad de La Paz para el proceso judicial respectivo.

A fines del año pasado, el Ministerio Público dio curso a esta causa iniciada por la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien demandó un proceso por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en contra del excívico cruceño Fernando Camacho y jefes militares y policiales que sugirieron la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, durante los conflictos poselectorales de noviembre de 2019, tras ser denunciado de haber propiciado un fraude en los comicios del 20 de octubre de ese año.

Añez, en una carta, acusó al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) por las aprehensiones, contra su persona y sus dos exministros, que las considera ilegales y denunció “la sistemática vulneración de los derechos humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante”.

BD/JJC