Human Rights Watch afirma que amnistía de Arce permite impunidad y beneficia a sectores del MAS

Brújula Digital |11|03|21|

Human Rights Watch afirma que el Decreto Supremo 4461, emitido por el gobierno de Luis Arce, en febrero pasado, “otorga una amnistía genérica a los mismos partidarios del MAS (más de un millar) sin criterios claros” y “parece diseñado para favorecer a los partidarios del partido oficialista MAS”. Recomienda al Gobierno reformar el decreto para que los responsables de delitos graves, sean o no simpatizantes del MAS, respondan por esos hechos.

“Existen pruebas contundentes que indican que el gobierno de (Jeanine) Añez persiguió a partidarios del MAS, sin embargo, otorgar una amnistía genérica a los mismos partidarios del MAS sin criterios claros sobre quien se aplica menoscaba el acceso a la justicia por parte de las víctimas y viola el principio fundamental de igualdad ante la ley”, sostuvo el director para las Américas Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Explica que “el decreto (4461) otorga una amnistía general a las personas procesadas durante el gobierno anterior por delitos relacionados con la ‘crisis política’ que comenzó en octubre de 2019 (la noche del 20 de octubre cuando el TREP suspendió el conteo rápido y entonces Marlos Mesa y Evo Morales debían definir la Presidencia en balotaje, y 24 horas después el TSE dio victoria en primera vuelta a Evo Morales). Parece diseñado para favorecer a los partidarios del partido oficialista MAS”.

El decreto, en uno de sus artículos, otorga amnistía a personas “que fueron procesadas penalmente durante el ‘Gobierno de facto’, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro de la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

Otro artículo prevé el otorgamiento de indulto a personas condenadas por delitos “que tengan relación directa” con esos mismos conflictos sociales, aunque el decreto establece que determinados delitos graves quedan excluidos de la posibilidad de obtener un indulto.

En ese sentido, la Humans Right Watch indicó que el mismo decreto no ofrece ninguna explicación sobre cuáles son los delitos que deberían considerarse que se tiene “una relación directa” con los conflictos sociales del 2019.

“Si bien el decreto hace referencia, de manera genérica, a la franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales como justificación para la amnistía o el indulto, no establece ningún mecanismo ni criterio que permita determinar si se violaron esos derechos en casos específicos. Por tanto, existe el riesgo de que la amnistía y el indulto se apliquen de una manera amplia a casos en los que no hubo violaciones de derechos humanos,” señaló  Vivanco.

Humans Right Watch insta al Gobierno reformar el DS 4461 para que, aquellas personas, sean partidarios o no del MAS, sean también procesadas y no sobreseídas por el decreto de amnistía e indulto, porque, según la organización, si el Gobierno no lo hace, el resultado será que podrían concederse amnistías en casos de quema intencional de edificios, secuestro y otros delitos cometidos presuntamente por afiliados del partido azul.

“El decreto puede transformarse en un sistema de justicia selectiva, que permita al gobierno conceder una amnistía a simpatizantes que han cometido delitos graves o abusos y, simultáneamente, juzgar a opositores por delitos similares”, señala Vivanco.

Para la Humans Rights Watch, los fiscales y los jueces deberían revisar todos los casos y retirar o desestimar los cargos que no se sustenten en evidencias sólidas o que sean desproporcionados, en vez de tomar el DS 4461 de la amnistía.

“En vez de ello, los fiscales y jueces deberían analizar todos los casos, caso por caso y aplicar medidas de reparación si existen violaciones al debido proceso, desestimar los cargos que carecen de pruebas o son desproporcionados, y permitir que el resto de los casos continúe su trámite”.

Y en caso de que los jueces y fiscales hallen tales delitos, los implicados, sean o no del partido en turno, no deberían recibir el beneficio de una amnistía o un indulto, porque “todos los delitos graves y las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante ese período deberían ser objeto de una investigación exhaustiva, y los responsables, sin importar sus posturas políticas, deberían ser castigados conforme a la ley y con pleno respeto a los derechos al debido proceso”, sostuvo la organización internacional.