Defensora rechaza presiones a funcionarios públicos para asistir a actos proselitistas

Brújula Digital |17|02|21| 

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó este miércoles su preocupación y rechazo por manifestaciones que reflejan presión o condicionamiento para la participación de servidoras y servidores públicos en actos proselitistas, ante la cercanía de las elecciones subnacionales del 7 de marzo.

La posición de Cruz fue expuesta luego de conocerse que el viceministro de Educación, Bartolomé Puma, exigió a los funcionarios públicos “hacer campaña” por candidatos del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Rechazamos este tipo de situaciones, prácticas o presiones proselitistas y exhortamos a que cesen de inmediato, permitiendo a las y los servidores públicos y la ciudadanía en general, a acudir a los comicios electorales de forma libre y espontánea, para garantizar la vigencia de los principios democráticos y la recuperación de la paz entre todas y todos los bolivianos”, sostuvo Cruz, según un reporte de su despacho.

Comunidad Ciudadana (CC) exigió en esta jornada la renuncia de la autoridad y anunció que solicitará un informe escrito al Ejecutivo por el “abuso de poder” contra empleados de la administración pública.

Cruz recordó que la función de quienes son parte de la administración pública debe regirse bajo los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados; que el propio texto constitucional dispone como requisitos para el acceso y permanencia en la función pública los previstos en el artículo 234 de la Constitución Política del Estado.

La Defensora advirtió las actividades proselitistas no son una condicionante para el desarrollo de la labor de las y los servidores públicos a nivel nacional, ningún tipo de afinidad o afiliación política en específico, por lo tanto, no debiera continuar esta práctica en ningún nivel de gobierno.

Cruz manifestó, asimismo, que todas las personas que forman parte de la administración pública, sea el Gobierno Central, gobiernos autónomos subnacionales o autonomías indígenas originarias campesinas, deben ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión que se hallan constitucionalizados en el Artículo 21 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, que se encuentra en plena armonía con el Artículo 12 de la Convención Americana y el Artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

BD/JJC