Tras declarar, funcionaria de Salud fue aprehendida por el caso respiradores chinos

Brújula Digital |11|12|20|

Luego de tomar su declaración informativa, el Ministerio Público aprehendió a Vania V., encargada de contrataciones de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (Udespro) del Ministerio de Salud, dentro de la investigación por la presunta compra con un sobreprecio de $us 7,1 millones de 324 respiradores chinos para el tratamiento de personas enfermas por coronavirus.

El jueves, el fiscal Marco Villa y funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz allanaron diferentes oficinas y domicilios de las personas que fueron identificadas en la compra irregular de los equipos chinos.

“Se ha colectado en su fuente laboral un CPU del que no ha podido justificar la existencia de cierta documentación, entre otros elementos. Así también en el domicilio de ha podido encontrar diferentes carpetas con las cuales se harían diferentes adquisiciones (para el Ministerio de Salud)”, informó el fiscal Villa.

Indicó que luego de evaluar estos elementos investigativos, el Ministerio Público emitió la resolución respectiva de aprehensión de esta funcionaria, para que un juez determine su situación jurídica en la que enfrentará este proceso.El jueves, Villa dijo que Vania V. era especialista en el proceso de contratación y que prácticamente ha tenido participación en todo el manejo de contratación que se hizo para la compra de los respiradores chinos.

Actualmente, la Fiscalía y la FELCC coordinan la pesquisa y se anunció que otras personas identificadas por Vania V., que tendrían responsabilidad en el caso, serán convocadas para que declaren por este caso.

En agosto de este año se denunció que los documentos de exportación de los 324 respiradores chinos que compró el gobierno boliviano, establecen que el precio total, incluido el transporte, fue de $us 12.963 por cada uno. Sin embargo, el Ejecutivo, mediante la contratación de una empresa intermediaria española, pagó el triple, $us 35.000, lo que implica un supuesto sobreprecio total de $us 7,1 millones de dólares. En total, el Estado pagó $us 11,3 millones.

Los documentos de exportación fueron tramitados por la empresa intermediaria, es decir el Grupo AGEM Ingeniería y Proyectos, que luego terminó vendiendo los equipos a un precio tres veces mayor.

BD/JJC