La incertidumbre sobre situación de autoridades judiciales toca al Tribunal Supremo de Justicia

Brújula Digital |08|12|20|

Un fallo judicial dejó en la incertidumbre la situación del magistrado Carlos Egüez  en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debido a que ordenó el cese de su mandato por irregularidades electorales durante su elección, en 2017. Ahora el Tribunal Constitucional Plurinacional debe definir la situación de Egüez. El TSJ es la segunda instancia judicial con cuestionamientos a sus integrantes, después del Consejo de la Magistratura.

La semana pasada, la Sala Constitucional Primera de Beni revocó la credencial de Egüez, cuando este magistrado ya está por cumplir la mitad de su mandato, y ordenó que, en su lugar, se posesione a Mariana Montenegro, quien resultó segunda en la votación de las elecciones judiciales de 2017 y presentó una acción popular por detectar irregularidades en esos comicios.

En junio de 2019, Egüez ya fue denunciado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por un supuesto fraude electoral en las elecciones judiciales. “La denuncia que se presentó ante la Asamblea es por los delitos de uso indebido de influencias, concusión y cohecho pasivo propio”, afirmó por entonces Montenegro.

Ante el fallo de la Justicia en Beni, Egüez emitió un pronunciamiento junto a la Sala Plena de ese órgano. Advirtió que esa decisión genera incertidumbre jurídica porque, según la Constitución Política del Estado, los magistrados pueden ser cesados en sus funciones por las siguientes causales: "’cumplimento de mandato, sentencia ejecutoriada emergente de juicio de responsabilidades, renuncia, fallecimiento y demás causales previstas en la ley’, entre las que no se incluye la posibilidad de una anulación de participación y consiguiente inhabilitación como candidato después de ser electo y estar cumpliendo funciones, emergente de una resolución pronunciada en trámite de acción popular”.

En ese entendido, Egüez y la Sala Plena del TSJ advirtieron que “rechazan de manera categórica cualquier intento de afectar la institucionalidad e independencia judicial a través de actos y resoluciones, abiertamente contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes en vigencia”.

En el marco del respeto a la independencia de poderes, el ministro de Justicia, Iván Lima, también se pronunció el lunes e indicó que el Gobierno respeta la decisión de la Sala Constitucional Primera de Beni, aunque también hizo un llamado a que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita un pronunciamiento lo más rápido posible.

Egüez no es la única autoridad judicial electa por voto popular que se encuentra en la incertidumbre, pues Lima interpuso el 27 de noviembre una demanda de juicio de responsabilidades en contra de los tres titulares del Consejo de la Magistratura (Dolka Gómez, Gonzalo Alcón y Omar Michel), por el delito de incumplimiento de deberes.

Lima observó el hecho de que en el Órgano Judicial haya 145 cargos vacantes, sin nombramiento por parte del Consejo de la Magistratura, cuando hay una carga procesal que sobrepasa las 300.000 causas en el país.

BD/JJC