Política | 03/12/2020

Por denuncia de Romero, Policía procesa a su excomandante y Estado Mayor por caso motín

Es un proceso interno que también involucra a 10 efectivos policiales de Cochabamba. El exministro de Evo Morales dice que “hay planillas, montos, contactos, logística. Toda esa información existe documentadamente” que involucra a los policías acusados.

Efectivos policiales movilizados en Cochabamba. Foto: Los Tiempos

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Brújula Digital |03|12|20|

La Policía Boliviana inició un proceso interno contra el excomandante general de la Policía  Vladimir Yuri Calderón, su Estado Mayor y varios directores nacionales y comandantes departamentales por el motín de noviembre de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y después que la Organización de Estados Americanos (OEA) estableciera que hubo “operaciones dolosas” en las elecciones del 20 de octubre de 2019, las que alteraron "la voluntad expresada en las urnas".

“Antes de amotinarse formalmente, brindaron protección a esos políticos disfrazados como cívicos, a  (Fernando) Camacho le asignan 200 policías vestidos de civil para su protección y otros 200 para la protección de (Marco) Pumari. (…) Fueron varias acciones conspirativas, golpistas de la Policía (que)  se han traducido primero en el hecho de haber facilitado la toma y quema de los tribunales departamentales electorales”, dijo a Página Siete el exministro de Gobierno, Carlos Romero.

El exministro de Evo Morales presentó la denuncia contra los policías movilizados y el director nacional de la Dirección General de Investigaciones Internas de la Policía (Digip), Néstor Villca, dijo a La Razón que la investigación fue abierta la semana pasada. De los involucrados en Cochabamba con el motín, dijo Romero, hay tres jefes policiales, cinco oficiales y dos policías de base.

El exministro señaló que hay una serie de elementos que sustentan su denuncia ante la Fiscalía Policial, pero subrayó que esa información no es suya, sino que -aseguró- los datos están registrados  en las investigaciones policiales iniciadas durante del gobierno de Jeanine Añez  en la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi), de Cochabamba, sobre lo acontecido entre el 8 y 10 de noviembre de 2019, antes de la renuncia de Evo Morales, cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOP) de esa región fueron los primeros en  acuartelarse.

Romero dijo en noviembre pasado, en PAT, que “hay planillas, montos, contactos, logística. Toda esa información existe documentadamente”, aseguró, y dijo que las fuentes son varias, entre ellas del propio Comité pro Santa Cruz, donde se recibían los aportes. “Obviamente, hubo sobornos a jefes policiales y militares para que se incorporen al golpe”, consideró y recordó lo que decía el entonces líder cívico, luego candidato presidencial, Luis Fernando Camacho, de que su padre cerraba tratos con policías y militares.

El representante del Centro de Jefes y Oficiales Jubilados, René Calla, dijo a Página Siete que la denuncia de Romero es una retórica que pretende dejar de lado las demandas policiales anteriores al fraude electoral.

Recordó que el 9 de noviembre, el entonces ministro Romero envió una carta a los efectivos acuartelados en Cochabamba para ofrecer la abrogación de la Ley 101 de régimen disciplinario, jubilación con el 100% del salario y la nivelación salarial.

El comandante de la Policía Boliviana, Johnny Aguilera, informó que los actuados investigativos “corresponden al Tribunal Disciplinario Superior, que tiene para esta acción a la Inspectoría, Fiscalía, y al Digipi (Dirección General de Investigación Policial Interna), que son organismos internos de investigación policial”.

El jefe policial dijo que estas conductas ya no se pueden repetir en el futuro. Por ello, desde la institución policial trabajan en la generación de una doctrina que permita el cumplimiento de la norma.

“Analicen bien y no prendan fuego”

La dirigente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol), Cecilia Calani, justificó en Erbol las acciones de sus camaradas que se amotinaron en noviembre del año pasado y dijo que “no prendan fuego” con las investigaciones contra los uniformados responsables de esa acción.

 “Aquello (el motín) ha nacido por un Gobierno que ha sabido manejar muy mal en su momento. No ha respetado al 21F (resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, que se pronunció contra la reelección presidencial) y quería perpetuarse prácticamente en el Gobierno”, señaló la dirigente.

Recordó que le había pedido al anterior Gobierno de Morales que, así como entró por la puerta, se vaya por la puerta. “Tenía esa oportunidad de abandonar o por lo menos, subsanar en su momento. Al margen de aquello, se ha reído”, manifestó.

 “A las autoridades (les pido) que analicen bien y no prendan fuego, porque eso sería un paso muy difícil de vivir para el país. Recuerden que ha venido el nuevo Gobierno que ingresó (del Movimiento Al Socialismo) con dos versiones: una de que se iba a vengar y otra que no iba a haber venganza”, manifestó en una declaración realizada en Sucre a Iván Ramos, director de Periodismo que Cuenta.



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