Interpol activa “sello azul” para ubicar a exministros Murillo y López en el extranjero

Brújula Digital |26|11|20|

Interpol con sede en Francia activó el “sello azul”, después que la Fiscalía General lo solicitará, para ubicar a los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López en el extranjero, después que ambos salieran del país el pasado 5 de noviembre por Puerto Suárez hacia Brasil.

“La solicitud boliviana fue aceptada por Interpol, con sede en Francia, por tanto, se activó el sello azul para las exautoridades y los 194 países integrantes de la Organización Internacional de Policía Criminal cooperarán con sus ubicaciones”, informó este jueves el director nacional de Interpol-Bolivia, Pablo García.

La semana anterior, el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, informó este miércoles que las exautoridades se trasladaron el 5 de noviembre en un avión con matrícula FAB 046 con destino a la ciudad de Puerto Suárez, en la frontera con Brasil.

Luego, ambas exautoridades cruzaron la frontera a Corumbá, y según información de inteligencia, se conoce que Murillo -cuando llegó a Brasil- se embarcó en un avión comercial de Copa Airlines, a las 03:00 el 9 de este mes, con destino a Panamá. López permanecería en San Pablo, Brasil.

El jefe policial sostuvo que para activar el "sello azul" se cumplió con los trámites y los procedimientos de solicitud, por la que Interpol y los 194 países signatarios procederán con la investigación para establecer la ubicación exacta de los exministros y otras dos personas.

Una vez que sean encontrados, la información será procesada y remitida al Ministerio Público; en ese marco, la autoridad jurisdiccional deberá requerir la activación el "sello rojo" para que se emita la orden de captura internacional.

De acuerdo con la denuncia, el Estado pudo pagar 5,6 millones de dólares por cartuchos de gas lacrimógeno adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, con sede en Estados Unidos, luego que decidió suspender una compra directa con la empresa brasileña Cóndor. La firma del contrato fue en diciembre de 2019.

Según la querella, Bolivia pagó 270 bolivianos por cada proyectil lacrimógeno de larga distancia y 250 bolivianos por proyectiles "de triple acción". En cada caso demandó la dotación de 50.000 unidades. En ese marco, se investiga un eventual sobreprecio y otras irregularidades derivadas el cambio de proveedor.