Dictan detención domiciliaria para el general Cuéllar por muertes en Sacaba

Brújula Digital |26|11|20|

En el proceso por las muertes de Sacaba en 2019, la Justicia determinó la tarde de este jueves la detención domiciliaria, sin derecho al trabajo, para el general de Brigada Aérea Alfredo Cuéllar. Además, ordenó el pago de una fianza de Bs 250.000, la presentación 2 veces por semana para que firme un libro de asistencia, arraigo y la prohibición de concurrir a determinados lugares mientras dure el proceso.

Este dictamen de la Justicia fue apelado tanto por el abogado Edwin Paredes, defensa de Cuéllar, como por el jurista Vladimir Pérez, defensor de los familiares de las víctimas de Sacaba. El primero consideró que su defendido no debe tener detención domiciliaria, mientras que el segundo advirtió que el jefe militar debió ser detenido preventivamente en una cárcel, mientras dure el proceso.

Cuéllar fue aprehendido la tarde del martes por el Ministerio Público, por el delito de asesinato, por las 10 muertes registradas en Sacaba durante los conflictos poselectorales de 2019. La defensa de Cuéllar alegó que el jefe militar era el quinto hombre en la cadena de mando y que él sólo cumplía una labor administrativa.

En 2019, durante los conflictos poselectorales, sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) protagonizaron protestas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata, para rechazar la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, luego de que éste fue acusado de promover un fraude electoral en los comicios generales del 20 de octubre de ese año. En Sacaba fallecieron 12 personas y otras 125 resultaron heridas, mientras que en Senkata murieron 10 personas y otras 65 fueron heridas, durante intervenciones combinadas entre la Policía y las Fuerzas Armadas a ambas movilizaciones.

La determinación de la Justicia señala que Cuéllar debe permanecer con detención preventiva con la vigilancia de dos custodios, para evitar su fuga. Además, ordena el pago de una fianza de Bs 250.000, el arraigo para que no pueda salir del territorio nacional y la prohibición de acudir a determinados lugares, para que no obstaculice el proceso investigativo.

Horas antes de este dictamen judicial, la Justicia negó que Cuéllar sea sometido a la justicia militar por este caso y ratificó la jurisdicción ordinaria para llevar adelante este proceso.

Pérez y los familiares de fallecidos durante 2019 expresaron su rechazo a la determinación del juez. “No hay justicia para los pobres”, dijo en medio del llanto la hermana de una de las víctimas fatales, quien aseguró que continuará con su lucha para que los responsables de la “masacre” estén en la cárcel.

Al margen de este proceso, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició el lunes la investigación de este caso y el de Senkata. Este grupo está compuesto por Patricia Tappatá, Juan Méndez, Marlon Weichert, Magdalena Correa Henao y Julian Burguer.

Además, el canciller Rogelio Mayta, durante el inicio de la labor del GIEI-Bolivia, advirtió que “tenemos expertos internacionales porque lastimosamente nuestro sistema de administración de justicia no es creíble para los propios bolivianos y eso tenemos que aceptarlo con hidalguía”.

BD/JJC