Política | 23/11/2020

Patricia Tappatá, experta de la CIDH: “Ejerceremos nuestro trabajo con imparcialidad y responsabilidad”

El Gobierno y la CIDH – OEA suscribieron este lunes un protocolo que dio inicio a las investigaciones de los hechos violentos en 2019. El canciller Mayta pide a la sociedad y a las entidades públicas facilitar el trabajo de los expertos.

Autoridades nacionales y de la CIDH muestran el protocolo. Foto: ABI

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Brújula Digital |23|11|20|

La argentina Patricia Tappatá, que conforma el grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH – OEA), prometió este lunes que “ejerceremos nuestro trabajo con imparcialidad y responsabilidad”, en la investigación de los hechos violentos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019.

“El acuerdo firmado entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la CIDH define la tarea que nos trae aquí, venimos de cinco países distintos, pero no somos sus representantes, actuamos a título individual; la sociedad boliviana debe saber que ejerceremos nuestro trabajo con imparcialidad y responsabilidad”, dijo Tappatá, después de la firma del protocolo que dio inicio al trabajo de investigación, el que se prolongará por seis meses.

Antes del mediodía de este lunes, el Gobierno de Bolivia y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un protocolo para iniciar las investigaciones de los hechos violentos de 2019, en un acto realizado en la Cancillería.

El Grupo Interdisciplinario está compuesto por los expertos Julián Burger de Brasil, Magdalena Correa de Colombia, Juan Méndez y Patricia Tappatá Valdez de Argentina, y Marlon Weichert del Reino Unido; Jaime Vidal de Chile, fungirá como Secretario Ejecutivo del GIEI-Bolivia.

Tappatá afirmó que “este grupo llega a Bolivia para cooperar con el conocimiento de la verdad sobre los graves sucesos de violencia que ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2019”

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que “vamos a garantizar su independencia y su acceso a toda la información que sea requerida”, en el proceso de investigación, y “queremos que el trabajo sea participativo”.

El canciller Rogelio Mayta ratificó que el Estado boliviano respaldará todo el trabajo del GIEI -  CIDH. “Convocamos a la sociedad boliviana y a las distintas instancias estatales, para que el grupo de expertos tengan todos los elementos que les permitan establecer con objetividad lo que sucedió el 2019”.

Se informó que, después de las indagaciones, se emitirá un informe que será entregado a la Fiscalía General para que inicie las acciones correspondientes y así dar con los responsables de esos hechos.

Los expertos elaborarán planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en el país en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales, harán un análisis técnico de las líneas de investigación desarrolladas; elevarán recomendaciones; propondrán la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones; y realizarán un análisis técnico, con recomendaciones para un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos investigados.

Al menos 35 personas fallecieron y unas 120 personas quedaron heridas en Senkata, El Alto, Sacaba, Cochabamba y Montero, Santa Cruz el año pasado, antes y después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia por presunto fraude electoral.

Los miembros de la GIEI – CIDH – OEA

Juan Méndez (Argentina) dedicó su carrera legal a la defensa de los derechos humanos. Fue Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y Presidente de la CIDH. Se desempeñó como Comisionado Adjunto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Durante 15 años, trabajó con Human Rights Watch en asuntos de derechos humanos, en el hemisferio occidental. Es profesor de Derecho de los Derechos Humanos en la American University – Washington College of Law.

Magdalena Correa Henao (Colombia) es doctora en Derecho y experta en Derecho Constitucional Económico. Es asesora jurídica para temas constitucionales de entidades del Estado y organizaciones del tercer sector de Colombia. Actualmente es catedrática e investigadora universitaria, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.

Julian Burger (Reino Unido) es profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex (Reino Unido). Impartido cursos de Derechos Humanos en instituciones como la Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres y la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Durante más de 20 años dirigió el programa sobre los pueblos indígenas y las minorías en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, donde fue responsable de las negociaciones de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ayudó a establecer el principal mecanismo de garantía relacionados con los pueblos indígenas.

Marlon A. Weichert (Brasil) es Fiscal federal en Brasil desde 1995. Actualmente ejerce como Procurador Federal Adjunto de los Derechos del Ciudadano. Es especialista en justicia transicional, seguridad pública, derechos humanos y empresas, y prevención de atrocidades masivas. Participó como experto en casos ante la Corte-IDH y la CIDH sobre justicia transicional y seguridad pública.

Fue parte de equipos de investigaciones y enjuiciamientos relacionados con crímenes con violaciones de derechos humanos durante la dictadura en Brasil e inició el programa para buscar e identificar los restos de víctimas de desaparición forzada.

Patricia Tappatá Valdez (Argentina) es directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos – UNESCO, con sede en Buenos Aires. Trabajó para la defensa de los Derechos Humanos en Argentina, El Salvador, Haití y Perú. Se desempeñó como directora de la Comisión de la Verdad para El Salvador que investigó el conflicto armado de ese país. Fue consultora del PNUD en Haití para investigar los graves hechos de violación de los derechos. Es miembro de la facultad de LLM en Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Jaime Vidal Melero (Chile) es Coordinador de la Sección de Seguimiento de Recomendaciones e Impacto de la CIDH y fungirá como Secretario Ejecutivo del GIEI-Bolivia. Es Abogado de derechos humanos y ex-asesor legal para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.



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