Según Interpol Bolivia, una vez que se ubique a los exministros en el extranjero, también correrá el trámite para la activación del Sello Rojo para la aprehensión de ambos exministros y posterior traslado al país.
Arturo Murillo y Luis Fernando López. Foto: Archivo
Brújula Digital |19|11|20|
La Policía Internacional (Interpol) Bolivia remitió este miércoles la solicitud de búsqueda o sello azul a la sede central de la Interpol en Francia para establecer en el extranjero el paradero de los exministros Fernando López y Arturo Murillo quienes salieron del país el 5 de noviembre vía Puerto Suárez a Brasil.
“Si (la Interpol, en Francia) ve que no tiene ninguna falla, seguramente me van a dar la respuesta de que es procedente e inmediatamente este documento va viajar a los 194 países (miembros)”, informó a ATB el director de Interpol Bolivia, Pablo García.
Explicó que el sello azul establecerá el país en el que se encuentran las dos exautoridades, quienes son investigados por la compra, con presunto sobreprecio, de gases lacrimógenos y equipos antimotines, en diciembre de 2019.
Según Interpol Bolivia, una vez que se ubique a los exministros en el extranjero, también correrá el trámite para la activación del Sello Rojo para la aprehensión de ambos exministros y posterior traslado al país.
El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, informó este miércoles que las exautoridades se trasladaron el 5 de noviembre en un avión con matrícula FAB 046 con destino a la ciudad de Puerto Suárez, en la frontera con Brasil.
Luego, cruzaron la frontera a Corumbá, y según información de inteligencia, se
conoce que Murillo -cuando llegó a Brasil- se embarcó en un avión comercial de
Copa Airlines, a las 03.00 el 9 de este mes, con destino a Panamá. López
permanecería en San Pablo, Brasil.
De acuerdo con la denuncia, el
Estado pudo pagar 5,6 millones de dólares por cartuchos de gas lacrimógeno
adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical Solutions
LLC, con sede en Estados Unidos, luego que decidió suspender una compra directa
con la empresa brasileña Cóndor. La firma del contrato fue en diciembre de 2019.
Según la querella, Bolivia pagó 270 bolivianos por cada
proyectil lacrimógeno de larga distancia y 250 bolivianos por proyectiles
"de triple acción". En cada caso demandó la dotación de 50.000
unidades. En ese marco, se investiga un eventual sobreprecio y otras
irregularidades derivadas el cambio de proveedor.
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