Ejecutivo señala que gobierno de Añez entorpeció investigación de las muertes en Sacaba y Senkata

Brújula Digital |16|11|20|

El Gobierno afirmó este lunes que la gestión de Jeanine Añez entorpeció la investigación de las muertes en Sancaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales a la Presidencia por presunto fraude electoral, en los comicios del 20 de octubre de 2019, establecido por la Organización de Estados Americanos OEA).

“Ha habido mucha opacidad, ha habido incluso una obstaculización por parte del anterior gobierno en los procesos investigativos (de los hechos de Sacaba y Senkata)”, dijo a Unitel, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Freddy Bobaryn.

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció este domingo que un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la OEA, arribará al país el 23 de noviembre. El grupo estará liderado por su presidente, Joel Hernández, e investigará los sucesos de octubre y noviembre del año pasado y emitirá un informe que será entregado a la Fiscalía General para que inicie las acciones correspondientes sobre los responsables de esos hechos.

Bobaryn aseguró que el Gobierno facilitará el acceso a la información de los expertos de la CIDH. “Nosotros tenemos que facilitar y coadyuvar de alguna manera (para) dar acceso a la información a (esta comisión internacional), que viene justamente a poder esclarecer cuál ha sido la verdad material de los hechos”, dijo.

En un informe preliminar, la CIDH calificó de "masacres" a las represiones de Sacaba y Senkata, que derivaron en la muerte de al menos 36 personas y un centenar de heridos, en medio de la convulsión social que se registró posterior a la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la asunción de Jeanine Añez.

Por estos sucesos, la anterior Asamblea Legislativa sugirió la instalación de un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus ministros de Estado, además de otras autoridades. En su informe, una comisión legislativa explicó que, bajo evaluación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se estableció que las muertes en ambas movilizaciones fueron causadas por armas de reglamento de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

El anterior gobierno de Añez dispuso un resarcimiento de 100.000 bolivianos, en el caso de las familias de las víctimas mortales, y entre 50.000 y 10.000, en el caso de los heridos.