Justicia liberó a Héctor Arce, Quintana y Zavaleta, los siete asilados permanecen en la residencia de México

Brújula Digital |02|11|20|

Como diría el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, entre “gallos y medianoche”, la justicia retiró las órdenes de aprehensión a los exministros Héctor Arce, Juan Ramón Quintana y Javier Zavaleta, todos "inquilinos" en la residencia diplomática de la Embajada de México en La Paz. Las órdenes judiciales se aprobaron la madrugada del domingo 25 de octubre, antes de la medianoche de este sábado y la noche de este domingo, respectivamente.

De los restantes, solo quedan con orden de aprehensión la exministra Wilma Alanoca, además del exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, y el exdirector de la Agetic, Nicolás Laguna. Todos cumplen un año con refugio político en la residencia mexicana.

El exministro Hugo Moldiz nunca tuvo orden de aprehensión, por lo que una fuente del MAS dijo que debió haber sido beneficiado con la entrega del salvoconducto para que pudiera salir hacia México.

Pese a que tres de los cinco exministros ya no tienen orden de aprehensión, permanecen en la residencia diplomática, al igual que las otras cuatro exautoridades, desde noviembre de 2019, cuando se beneficiaron con refugio político del gobierno mexicano.

Arias criticó este domingo el accionar de la justicia paceña, pues dijo que se “doblega” y da “señales de que va estar sometida al poder Ejecutivo”, que se posesionará el domingo 8 de noviembre, por la liberación de exministros acusados de terrorismo y sedición, después de la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019.

La jueza Claudia Castro benefició a Quintana, el juez Román Castro anuló apremios contra Héctor Arce y Evo Morales, y el juez Javier Vargas anuló la aprehensión de Zavaleta. Este último juez en el día recibió la demanda de la defensa. Este hecho fue criticado por el ministro Arias quien dijo que hay centenares de detenidos preventivamente que ni en un año de trámites acceden a una audiencia de acción de libertad.

Otra característica de las libertades concedidas a los exministros de Morales, incluido al exmandatario, es que las responsabilidades son atribuidas a errores procedimentales de los fiscales. Los jueces señalan que se emitieron las órdenes de aprehensión contra las exautoridades sin previo conocimiento de los jueces y sin citarlos para que se defendieran. Estos supuestos errores de los fiscales son señalados como “inobservancia al debido proceso”.

Los beneficiarios de la justicia

El domingo de 25 de octubre y en horas de madrugada, el juez Primero de Instrucción en lo Penal Román Castro determinó anular la orden de aprehensión del exministro Héctor Arce, uno de los principales acusados por el fraude electoral.

El exministro de Justicia fue implicado en el fraude electoral del 20 octubre de 2019 por manipulación informática, porque según el cuaderno de la investigación, la exautoridad obligó a los funcionarios del Viceministerio de Transparencia a trabajar 48 horas, día y noche, en la falsificación, manipulación y la adulteración de actas de votación.

El lunes (26), el juez primero de Instrucción en lo Penal, Román Castro, decidió dejar sin efecto la orden de aprehensión de Evo Morales, por el denominado caso audios, en el que se investiga al exmandatario por el delito de terrorismo.

El exmandatario es acusado por presuntos delitos de sedición y terrorismo, por el caso audio, registrado a fines de 2019, cuando se le escucha instruir al dirigente cocalero, Faustino Yucra, cercar las ciudades a fin de que no ingresen alimentos para la población.

La jueza Claudia Castro, del juzgado Tercero Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia a la Mujer, dejó sin efecto, antes de la medianoche del sábado, la orden de aprehensión que pesaba contra el exministro Quintana. La audiencia de acción de libertad empezó a las 21:00 y concluyó dos horas después.

Luego de una audiencia virtual de acción de libertad realizada este domingo, el juez Javier Vargas Arancibia, del Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de La Paz, dejó sin efecto la orden de aprehensión que pesaba sobre Zavaleta, presunto terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo.

BD/RED