Cuestionan informe que da paso a juicio de Añez porque quienes elaboraron son parte de los hechos

Brújula Digital |02|11|20|

El Gobierno y algunos diputados cuestionaron el informe del Legislativo, controlado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que da paso a un posible juicio de responsabilidades de la presidenta Jeanine Añez, porque fue elaborado por parlamentarios masistas que fueron parte de los hechos posteriores a las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019 y que derivó en hechos de violencia.

Deisy Choque, una de las principales acusadas como autora intelectual de la muerte de dos personas en Montero (Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra), el 30 de octubre del 2019, ahora es diputada electa por el MAS. El diputado masista Remberto Calani integró la comisión parlamentaria que investigó y elaboró el informe pese a que es el padre de un joven que fue fotografiado disparando ese día en el puente de la Amistad (Montero) y que cumple una medida cautelar impuesta por la justicia.

El diputado Víctor Borda (MAS), que renunció a la presidencia de Diputados cuando Evo Morales renunció y huyó del país, liderara la comisión parlamentaria que indagó los hechos violentos posteriores a las fallidas elecciones de 2019. El hermano de Borda fue raptado y su casa fue quemada en Potosí como represalia a que un grupo de cooperativistas mineros fueron atacados, cuatro de ellos resultaron heridos de bala, por francotiradores supuestamente afines al MAS. Además, el 10 de noviembre uno de los buses, que formaba parte de una caravana que trasladaba a mineros de Potosí a La Paz, fue interceptado a balazos en Vila Vila.

La diputada Lourdes Millares (UD) dijo a El Deber que al ser el diputado Borda uno de los afectados por este proceso de convulsión social, “él no podría haber sido parte de la comisión, como tampoco podía haberlo sido el diputado Calani, porque su hijo tiene detención domiciliaria por una presunta autoría de las muertes que se produjeron en Montero. Ambos se sentaron en esa comisión con un conflicto de intereses, como jueces y parte”.

El diputado Amílcar Barral (UD) señaló dijo al diario cruceño que “este informe recogió los hechos desde la perspectiva de la gente allegada al MAS, a partir de los muertos y de los heridos”. Observó que el informe recogió informes desde el 12 de noviembre y no desde el 22 de octubre, cuando la población salió a protestar por el presunto fraude electoral. Millares considera que el informe es incompleto, porque no obtuvo las versiones “del otro bando”.

El diputado Víctor Borda dijo a El Deber que las declaraciones de Millares y Barral son “algo estúpido, absurdo” porque “no investigamos los hechos ocurridos en noviembre en Potosí. Indagamos las muertes de personas a consecuencia de la represión” pues “nosotros perseguimos enfrentamientos entre los uniformados y la población civil”.

Acusada es diputada electa del MAS

Según la Fiscalía, Alberto Fuentes Urquiza y Emanuel Castedo Guzmán, que permanecen detenidos en Palmasola por los hechos violentos del 29 y 30 de octubre del año pasado, citaron en sus declaraciones que la ahora diputada electa por el MAS, Deisy Choque, planificó los enfrentamientos.

Además, declararon que Choque organizó una reunión en el barrio Cofadena (Montero), donde se registraron los enfrentamientos para el desbloqueo del puente de la Amistad y donde perdieron la vida con disparos de armas de fuego los dos cívicos, quedando heridas más de 60 personas. Pero, el 11 de agosto de 2020, el juez cautelar de Montero, Róger Salvatierra, concedió cesación a la detención a Choque durante una audiencia virtual con la participación, desde la cárcel, de la procesada, sus abogados y los fiscales Cirilo Chambilla y Daniel Ortuño.

Según la Fiscalía, el principal fundamento del juez para liberar a la diputada electa del MAS fue que cumplió más de siete meses detenida, y consideró que la procesada desvirtuó todos los riesgos procesales. Es acusada por homicidio, organización criminal e instigación pública a delinquir.

El diputado cruceño Édgar Montaño (MAS) dijo a El Deber que es evidente que “Deysi Choque, nuestra diputada electa y muchos jóvenes que obviamente pertenecen al MAS, participaron en este hecho (de violencia en Montero)”. Pero, al ser consultado sobre su posición al respecto, si es que ella no debió apartarse de su candidatura, Montaño respondió que “es un tema personal. Nosotros no podemos influir o inducir a que haga un acto u otro”.

En el grupo del MAS, que emboscó a cívicos, estaba el argentino Francisco Molares, integrante de las FARC, organización guerrillera de Colombia. Montaño aseveró que “es correcto, y el presidente de la comisión, Víctor Borda, mostró el video, y está en el informe. Además, que entrevistó al fiscal asignado al caso”. Subrayó, como su colega, que el informe pide celeridad en el proceso en curso. Sobre el hijo de Calani, Montaño y Borda señalaron que los delitos son personales, y que supuestamente hay un proceso investigativo en marcha.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo a El Deber que la presencia de Calani invalida automáticamente el trabajo de la comisión investigadora. “Más allá de que ya lo está porque aprobó informes fuera de su gestión, estoy seguro que este tema no avanzará. La idea es hacer show, como el MAS nos tiene acostumbrados”, añadió.

Murillo que “esa señora (Deisy Choque) debe ir a la cárcel, diputada o no. Eso no la salva del crimen de Montero. Pero, claro, la prostituida justicia y el prostituido Ministerio Publico la salvarán”.

BD/RED