Política | 29/10/2020

Asamblea recomienda a nuevos legisladores seguir los juicios por las movilizaciones de julio y agosto

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la tarde de este jueves una resolución en la que pide dar continuidad al trabajo de la Comisión Mixta de Derechos Humanos

Asamblea Legilativa. Foto: Senado

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Brújula Digital |29|10|20|

Por dos tercios de voto, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este jueves una resolución que recomienda a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la legislatura 2020-2025, dar continuidad al trabajo de la Comisión Mixta de Derechos Humanos, instancia que debe dar un seguimiento minucioso a los procesos legales instaurados y los que se puedan instaurarse en contra de las personas que participaron en las movilizaciones de julio y agosto de 2020.

Sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) protagonizaron una marcha en julio que derivó en acciones violentas en El Alto. Luego llevaron a cabo entre el 3 y 14 de agosto un bloqueo de caminos para rechazar la postergación de las elecciones generales hasta el 18 de octubre, una decisión que, a pesar de esa movilización, fue ratificada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para alejarlo del pico que alcanzará la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el país.

La protesta que duró 12 días, según informes extraoficiales del Gobierno, causó la muerte de unos 40 pacientes por COVID-19, por falta de oxígeno medicinal que no pudo llegar a hospitales por el corte de vías. Además, las pérdidas económicas que dejó sobrepasan los $us 1.000 millones, según el Ministerio de Economía.

En la misma resolución, la Asamblea recomienda continuar observando que los procesos judiciales se desarrollen con total transparencia, denunciando la injerencia y presión que puedan ejercer otras autoridades e instituciones a los operadores de justicia investigadores y representantes del Ministerio Público.

El pasado 18 de agosto, la ALP delegó a la Comisión Mixta de Derechos Humanos una investigación sobre la “judicialización” de la política, la criminalización de la protesta social y violación de derechos humanos entre julio y agosto 2020.

La comisión estuvo conformada por los senadores Ciro Zabala, Teresa Miranda y Silvia Carmen Guzmán, además de los diputados Andrea Bonilla, Sonia Brito, Kary Mariscal, Franklin Durán, Alcides Gallardo, Ana Vidal y Muriel Cruz, según un reporte del Senado.

BD/JJC

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