Ortiz rechaza su inclusión en el proceso por la compra de material antidisturbios

Brújula Digital |27|10|20|

El exministro de Economía Óscar Ortiz rechazó este martes el inicio de un proceso judicial ordinario en su contra, ordenado por la Asamblea Legislativa, por la compra con presunto sobreprecio de material antidisturbios para la Policía Boliviana.

El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes el informe de una comisión mixta especial que investigó la compra con presunto sobreprecio de gases lacrimógenos y balines de goma, el mismo que sugería iniciar un proceso de judicial en contra de Ortiz y los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, de Defensa, Fernando López, y de la Presidencia, Yerko Núñez.

"Expreso mi rechazo a la inclusión de mi nombre en un informe sobre la compra de gases lacrimógenos en 2019. No participé en ninguna parte del proceso de contratación, no era ministro... Yo entré como ministro siete meses después de esa operación… tengo la conciencia tranquila y voy a responder frente a cualquier proceso que hagan", declaró a los periodistas.

El Gobierno compró munición no letal en diciembre de 2019 por Bs 39,3 millones. El proveedor fue la empresa brasileña Cóndor. El intermediario fue Bravo Tactical Solutions, que pertenece a un sindicado por tráfico de armas y supuesto amigo de autoridades en el Ministerio de Gobierno.

La denuncia fue difundida por el programa “Detrás de la verdad” de la red Gigavisión. Los documentos exhibidos señalan que el Ministerio de Gobierno envió, el 25 de noviembre de 2019, una carta a la empresa Cóndor en Brasil, solicitando una propuesta para la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma. Pero al día siguiente, el 26, la misma repartición de Estado informó a la empresa que la compra no se haría de manera directa, sino a través de una intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami, EEUU.

Ante esa denuncia, la Asamblea Legislativa conformó una comisión especial para investigar si hubo sobreprecio en la compra de ese material. La senadora Plácida Espinoza, integrante de la comisión, consideró que Murillo debió presentarse ante esta instancia para aclarar la adquisición de agentes químicos, mediante un intermediario, por un valor mayor al pagado por los gobiernos de Ecuador y Venezuela, lo que derivó en una investigación penal contra los titulares de los ministerios de Gobierno y Defensa.

“Se instruyó hacer auditorías al 100% del Ministerio (…) No existe ni existió ningún tipo de sobreprecio”, aseguró el Ministro de Defensa en cuanto se difundió la denuncia de presunto sobreprecio.

Murillo, quien fue incluido en este proceso, afirmó este martes que "no es la mejor señal para el país, me parece una pésima señal… tendrán que decirle al pueblo qué camino quieren seguir, si por el camino de la persecución, el camino de pisotear las leyes la constitución o construir un país (para) volvernos a preocupar fuertemente por el tema de la salud y la economía".

BD/JJC