Política | 27/10/2020

Justicia responsabiliza a fiscales por liberación de Evo y Héctor Arce y dice que se puede subsanar

El TDJ de La Paz dice que los fiscales debieron citar a Morales vía Cancillería y lo hicieron por edicto y en el caso del exministro de Justicia, utilizaron documentos sobre declaraciones de otro proceso y con fechas anteriores.

Héctor Arce y Evo Morales. Foto: Archivo

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Brújula Digital |27|10|20|

El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz responsabilizó este martes a los fiscales por la liberación de Evo Morales, acusado de presunta sedición y terrorismo, y de su exministro Héctor Arce, uno de los principales acusado por el fraude electoral en 2019, y dijo que se puede subsanar ambos casos y que aún las investigaciones no están anuladas.

“La comisión de fiscales tenía la opción de utilizar la cooperación internacional en su momento vía cancillería, porque si tenían conocimiento que Evo Morales estaba en calidad de refugiado en Argentina, podían proceder de esa manera y no así en forma equivocada para citar mediante la modalidad de los edictos”, sostuvo el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Jorge Quino a la red Uno.

El Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz levantó el domingo la orden de aprehensión del exministro Héctor Arce porque supuestamente no se respetaron sus derechos constitucionales y de esta manera podría abandonar en cualquier momento la residencia diplomática de la Embajada de México en La Paz.

El lunes (26), un juez del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz anuló una orden de aprehensión que pesaba contra el expresidente Morales por el caso terrorismo, con el argumento de que se desconoce el domicilio de la persona en el territorio nacional, pero se conoce que el exmandatario radica en Argentina con el beneficio de refugiado político.

Quino explicó que la comisión de fiscales en su momento ha procedido a citar a Evo Morales a través de edictos que se aplican cuando se desconoce el paradero y domicilio de una persona y que estaría en algún lugar de territorio boliviano; pero los medios de prensa y la comisión de fiscales conocían que Evo Morales residía en Argentina. Indicó que, en este caso, el Juez de Garantías utilizó como fundamento esa falencia para conceder la tutela en favor de Evo Morales.

Morales está acusado por presuntos delitos de sedición y terrorismo, por el caso audio, registrado en noviembre de 2019, cuando se le escucha instruir al dirigente cocalero, Faustino Yucra, cercar las ciudades a fin de que no ingresen alimentos para la población.

En el caso de Héctor Arce, según Quino, los fiscales que atendieron el proceso sobre fraude electoral se equivocaron, pues utilizaron documentos sobre declaraciones de otro proceso y con fechas anteriores incluso a la denuncia que se hizo contra el exministro.

“Ese fue el fundamento que utilizó el Juez de Garantías Constitucionales para anular el proceso y dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión que pesaba contra Héctor Arce, al evidenciarse la vulneración de sus derechos a un debido proceso en su vertiente de fundamentación”, manifestó.

Quino precisó que sus observaciones no van a la Fiscalía como institución, sino a los fiscales que en su momento manejaron el caso del fraude electoral denunciado por instituciones de gobierno y el propio Tribunal Supremo Electoral.

Explicó que, en el caso Héctor Arce, al haberse dejado sin efecto el mandamiento la orden de aprehensión, lo que corresponde es que los fiscales corrijan esos defectos procesales y realicen, si es que correspondiera, una imputación en base a las pruebas aportadas por las partes durante la investigación.

La determinación de la justicia de anular los mandamientos de aprehensión contra Héctor Arce y Evo Morales causó sorpresa en el Gobierno. “Obviamente causa sorpresa este cambio de actitud, pero quien tiene que explicar esta decisión judicial son los administradores de justicia”, sostuvo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría.

Santamaría dijo que la parte denunciante, en este caso, el expresidente Carlos Mesa debería asumir las acciones en contra de las últimas determinaciones de la justicia. “Las decisiones que sean emanadas por la autoridad competente tienen que ser cumplidas y se harán cumplir como corresponde hasta el último día que esté este gobierno”, añadió.



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