La Procuraduría General del Estado exige imputar a Evo y su entorno por el caso fraude electoral

Brújula Digital |06|10|20|

A través de un memorial que contiene 308 indicios, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó este martes al Ministerio Público la imputación en contra del expresidente Evo Morales, del exvicepresidente Álvaro García Linera y de los exministros Juan Ramón Quintana y Héctor Arce Zaconeta dentro del denominado caso fraude electoral.

El director departamental de la PGE de La Paz, Fabio Joffré Calasich, exigió a los fiscales anticorrupción que arbitren los medios para realizar la imputación formal en contra de las exautoridades dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Morales y otros por delitos de alteración y ocultación de resultados electorales y manipulación informática en procesos electorales

La PGE participó activamente a lo largo del proceso en la recopilación de elementos investigativos que establecen los suficientes elementos de convicción sobre la participación de los imputados mencionados como coautores y autores mediatos, señala un reporte emitido desde la Procuraduría.

Este proceso es independiente de la primera causa penal que sigue la Fiscalía en contra de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral, quienes están detenidos mientras se lleva adelante la investigación. En este proceso se investigan a exaltas autoridades del órgano ejecutivo que se constituyeron en autores intelectuales, financiadores y conductores del fraude a través de los ex vocales, funcionarios, técnicos y empresas nacionales e internacionales que ejecutaron los delitos.

La demanda para este proceso fue interpuesta a mediados de febrero de este año por el candidato presidencial de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, en contra de Morales y exautoridades, a quienes acusó de ser autores intelectuales del fraude electoral.

El Gobierno de Evo Morales llevó adelante un “gigantesco fraude electoral con el objetivo de burlar la voluntad popular, evitar la segunda vuelta electoral, en beneficio de los candidatos del binomio del Movimiento al Socialismo (MAS) y en perjuicio del resto de candidatos de los demás partidos y alianzas”, se lee en el documento que fue presentado ante la Fiscalía.

“Estas acciones criminales lesionaron bienes jurídicos trascendentales para la democracia, tales como la integridad, legitimidad y transparencia de los procesos eleccionarios, fuentes esenciales de cualquier Estado Constitucional de Derecho”, se complementa en el documento redactado por la PGE.

Uno de los elementos centrales de prueba, según la PGE, es el “Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia” que fue emitido por la misión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En la demanda se indica que los delitos no pudieron cometerse sino en función de la acción de “una compleja estructura de poder montada por los acusados para perfeccionar y dejar en la impunidad tan abominables atentados contra la democracia y el derecho al sufragio de la población”.

Sin embargo, los indicios y pruebas encontradas en las investigaciones señalan que por encima de ellos existió una estructura de poder encabezada por los imputados Morales, García, Quintana y Arce, principales autores que ejercieron el dominio de las operaciones de fraude electoral detectadas en dichas elecciones.

El escrito de la PGE destaca, además, que el Estado ha ejecutado recursos por valor de Bs 138,9 millones de bolivianos. “Un gasto vano y desperdiciado en unas elecciones fraudulentas”, se afirma en el escrito presentado ante la Fiscalía.

BD/JJC