Comisión legislativa del caso respiradores sugiere proceso contra responsables

Brújula Digital |17|09|20|

La Comisión Especial Mixta de Investigación de la compra de respiradores, insumos y equipos para la atención de la emergencia sanitaria producida por el coronavirus concluyó su trabajo y sugirió el inicio de un proceso penal en contra de los responsables por el delito de incumplimiento de deberes y otros. Este informe fue enviado al pleno de la Asamblea Legislativa para su consideración y posterior remisión al Ministerio Público.

La citada comisión presentó la mañana de este jueves su informe contenido en 7.000 fojas de documentación recabada con la que redactó su informe final de 204 páginas y que será entregado a la Asamblea Legislativa.

El senador Edwin Rodríguez adelantó que el informe final de esta comisión recomendó “iniciar el proceso correspondiente a todas las autoridades involucradas en estas 7.000 fojas (de documentos oficiales) y a quienes no asistieron a los llamamientos que hizo la comisión y (…) sea remitido al Ministerio Público por incumplimiento de deberes y otros tipos penales que se ajusten”, según un reporte del Senado.

La comisión mixta investigadora estuvo conformada por tres senadores y seis diputados representantes de las tres bancadas políticas. Esta instancia realizó su trabajo en nueve sesiones durante tres meses y medio, de forma presencial y virtual debido a las restricciones laborales por la pandemia del coronavirus.

Los asambleístas realizaron la investigación de cuatro casos: Respiradores I sobre la compra de 170 respiradores españoles; Respiradores II sobre la compra de 324 respiradores chinos; denuncias sobre la atención en la Caja Nacional de Salud y el caso de suministro de oxígeno medicinal.

El caso respiradores estalló en mayo, cuando se denunció que el Gobierno pagó más de $us 27.000 por cada respirador a la empresa española GPA Innova, cuando su precio de mercado sería de unos $us 7.000. La firma española IME Consulting ejerció como intermediaria. Al margen del precio, se denunció que los equipos, que fueron distribuidos a distintas regiones del país, no funcionan porque su software no está actualizado y además carece de algunos elementos.

Por esta compra irregular de estos 170 respiradores fueron detenidos el exministro de Salud, Marcelo Navajas, y otros funcionarios implicados en la compra.

En el otro caso, documentos de exportación de 324 respiradores chinos que compró el gobierno boliviano establecen que el precio total, incluido el transporte, fue en promedio de $us 12.963. El Ejecutivo, mediante la contratación de una empresa intermediaria española, pagó el triple, o sea, $us 35.000 por cada uno, por lo que se sospechó de un supuesto sobreprecio de $us 7,1 millones de dólares, ya que el Estado pagó 11,3 millones de dólares.

“Será presentado a la Asamblea, si es aprobado será entregado al Ministerio Público, nosotros fiscalizamos no juzgamos, quien tiene que hacer el acto de juzgamiento y la investigación profunda de las cosas es el Ministerio Público”, sostuvo el presidente de esta comisión legislativa, Senador Ciro Zabala.

BD/JJC