El Estado acudió a la CPI porque la legislación boliviana no tipifica el delito de lesa humanidad

Brújula Digital |04|09|20|

El procurador general del Estado, José María Cabrera, explicó este viernes que Bolivia presentó su denuncia en contra del expresidente Evo Morales ante la Corte Penal Internacional (CPI), por el delito de “lesa humanidad por actos inhumanos”, porque la legislación nacional no tipifica esa contravención y porque la Justicia boliviana mantiene una “estructura organizada de poder” que dejó el expresidente.

La Procuraduría General del Estado, en nombre del Estado boliviano, presentó ante la CPI, con sede La Haya (Holanda), una demanda en contra de Morales y de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y de los cocaleros del Chapare, Leonardo Loza, por “los delitos de lesa humanidad por actos inhumanos”. Cabrera fue recibido en audiencia oficial por la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, a quien le presentó la denuncia en representación jurídica del Estado Boliviano en contra de Morales.

La denuncia de lesa humanidad tiene relación con el último bloqueo que protagonizaron organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), entre el 2 y 14 de agosto, para exigir que las elecciones generales no serán postergadas hasta el 18 de octubre. En este conflicto, según el fundamento del Estado, los bloqueadores impidieron el paso de oxígeno medicinal, insumo médico vital para enfermos por coronavirus (COVID-19). Por ese motivo cerca de 40 personas que padecían COVID-19 perdieron la vida, precisamente por falta de oxígeno, se señala en la demanda.

“Pese a que el Estatuto de Roma establecía que los Estados, inmediatamente entre en vigencia el tratado —en Bolivia empezó en 2002—, debían incorporar a sus propios códigos penales el catálogo de los tipos penales de delitos de lesa humanidad, (pero) en el caso de Bolivia nunca se introdujo en el Código Penal el listado de delitos de lesa humanidad. Por tanto, jurídicamente, es imposible llevar a cabo en Bolivia un juzgamiento interno porque en nuestro Código Penal no está así tipificado”, declaró Cabrera en una conferencia de prensa que ofreció desde La Haya junto al viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca.

La autoridad especificó que el mismo Estatuto de Roma contiene un recurso de complementariedad, por el que el proceso en contra de Morales y de los dos dirigentes sindicales, por este mismo hecho, puede llevarse al mismo tiempo en el ámbito nacional e internacional.

Respecto a los plazos, señaló que los términos de tiempo son establecidos directamente por la Fiscalía General de la CPI, pero estimó que hasta fin de año puede avanzar la investigación. “El Procurador (José María Cabrera) ha invitado a la fiscal (de la CPI) para que pueda venir una misión a nuestro país y pueda constatar de forma fehaciente lo que ha ocurrido y hacer pesquisas en nuestro territorio”, afirmó Alanoca.

El otro elemento que fue tomado en cuenta por el Estado para acudir a la CPI es que considera que aún está vigente una “estructura organizada del poder, así lo llama la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional a este tipo de organizaciones llevadas a cabo por Evo Morales que controla a la justicia boliviana”.

Lo que se inició desde noviembre de 2019 es una reestructuración de la justicia, para desmontar esa estructura que dejó el expresidente Morales, declaró Cabrera.

BD/JJC