Dos leyes sancionadas por el Legislativo el miércoles son rechazadas por el Gobierno

Brújula Digital |13|08|20|

Dos normas sancionadas el miércoles por el Legislativo fueron cuestionadas por el Ejecutivo, órgano que debe promulgar ambas normativas para que entren en vigencia. Las leyes observadas son las referidas al Bono contra el Hambre, por su financiamiento con créditos internacionales, y al diferimiento del pago de deudas bancarias hasta diciembre, que fue calificada de acción “imprudente”, por sus efectos para la banca, y “demagógica”.

Para el caso de la ley de pago del Bono contra el Hambre —norma que fue aprobada por “unanimidad”, según se informó desde el Senado—, se dispuso el uso de dos créditos internacionales para su financiamiento, uno otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (DIB) y otro por el Banco Mundial (BM). La distribución de este beneficio consiste en el pago de Bs 1.000, por una sola vez, a personas que no perciban salario, a madres de familia que reciben el bono Juana Azurduy y a personas con discapacidad. Con esta ayuda económica se prevé paliar los efectos negativos de la economía en las familias, producto de las cuarentenas rígidas y dinámicas aplicadas desde marzo en el país, para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).

Sin embargo, el pago de este beneficio fue observado por el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, quien hizo dos observaciones puntuales. La primera, señaló, tiene que ver con el hecho de que ambos créditos internacionales fueron otorgados Bolivia para que sean utilizados en determinados rubros que no contemplan el pago de ningún bono nuevo, en este caso contra el hambre. Explicó que ambos fondos fueron concedidos específicamente para la subvención de consumo de energía eléctrica mensual en hogares por hasta Bs 120, para el pago de diferenciales de la Renta Dignidad y para un remanente del bono Canasta Familiar.

“Esos eran los objetos de esos créditos; más allá de eso no se los puede utilizar. Cualquier otra cosa que quiera hacerse, requerirá una nueva negociación con el organismo internacional”, advirtió Quiroga a la red Unitel.

La segunda observación hecha por Quiroga tiene que ver con el monto. La autoridad indicó que ambos créditos internacionales suman cerca de $us 700 millones, cantidad que sería insuficiente para el pago del Bono contra el Hambre.

La creación del Bono contra el Hambre fue vista, desde su origen, como una disputa entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Gobierno. El 19 de julio, la presidenta y candidata a la Presidencia por la alianza Juntos, Jeanine Añez, anunció la creación del Bono Salud, consistente en la distribución de Bs 500 a cerca de 3,5 millones de beneficiarios, aunque condicionó la distribución de esta ayuda a que el Legislativo apruebe una serie de créditos internacionales por unos $us 1.500 millones. Al día siguiente, el presidenciable del MAS, Luis Arce, ofreció el Bono contra el Hambre de Bs 1.000, por considerar insuficiente el beneficio ofrecido por la Mandataria.

Para el caso de la ley de diferimiento del pago de deudas bancarias hasta diciembre, el Gobierno fue categórico al señalar que la aprobación de esta norma era “imprudente” y “demagógica”, porque tendría efectos negativos en el sistema financiero nacional.

El proyecto de esta norma fue presentada a inicios de julio por el diputado Víctor Borda (MAS), debido a que la anterior ley, sobre este mismo caso, había sido interpretada de manera “errada” por el Gobierno.

La norma original ordenaba que, por la cuarentena por el coronavirus, se difería el pago de deudas bancarias hasta seis meses después de la conclusión de la emergencia sanitaria por el COIVD-19. Sin embargo, el Ejecutivo ordenó la reanudación de los pagos desde junio y, después, desde septiembre.

“Estamos presentando este proyecto de ley para que ya no existan interpretaciones erradas, para que no se interprete la norma en favor de los banqueros y en contra del pueblo”, dijo por entonces Borda. Por ese motivo dijo que la nueva ley será clara en postergar los pagos de deudas hasta diciembre.

La Cámara de Diputados aprobó este proyecto de ley en la primera quincena de julio e inmediatamente fue cuestionada por el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, repartición que emitió un comunicado. “Esta cartera de Estado considera que la aprobación de este proyecto de ley perjudicará a una banca solvente y con capacidad efectiva para canalizar recursos para la reactivación económica y el empleo”, advirtió.

De igual manera, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) comunicó el 17 de julio su desacuerdo con la normativa. "La banca cumple una doble función que es la de preservar y proteger los ahorros del público y, a su vez, inyectar dichos recursos en la economía a través de la otorgación de préstamos con criterios de prudencia. El proyecto de ley aprobado pone en riesgo y limita, de forma considerable, su capacidad de apoyar la reactivación económica y generación de empleo, tan necesarias en esta coyuntura", señaló a través de un documento.

BD/JJC