En el oriente camiones dejaron tierra y piedra sobre las carreteras. Foto: El Deber
Brújula Digital |06|08|20|
Bolivia formalizó una denuncia internacional contra las
personas que protagonizan bloqueos de caminos que vulneran los derechos de las
personas afectadas por la Covid-19 y que están luchando para salvar sus vidas
en hospitales del país.
La canciller Karen Longaric informó, este jueves, que remitió una carta a siete
organizaciones internacionales, precisamente, por la gravedad de los efectos
provocados por los cortes de ruta que dejaron sin oxígeno medicinal y
medicamentos a varios hospitales del país.
La nota está dirigida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), UN Human
Rights, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea y el Parlamento Europeo.
"Las medidas, que están motivadas por razones políticas, tienen fuertes
efectos sobre el sistema de salud del país, impidiendo que pueda movilizarse el
personal médico, que circulen ambulancias, y que se transporte medicamentos,
insumos médicos y oxígeno para los pacientes contagiados con COVID-19",
precisó la Canciller.
De hecho, estas protestas exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que
celebre elecciones el 6 de septiembre y no el 18 de octubre como fue decidido
ante el crecimiento de contagios por coronavirus.
La autoridad diplomática remarcó que estas movilizaciones "violan
flagrantemente" los derechos humanos de la población y constituyen
"hechos delictivos" que se intentan controlar porque no pueden ser
considerados como protestas pacíficas.
Advirtió que cualquier medida adoptada por las autoridades para enfrentar
dichas protestas es rápidamente denunciada por el Movimiento Al Socialismo y el
expresidente Evo Morales como "opresión política, cuando en realidad son
acciones necesarias para precautelar la salud de todos los bolivianos".
El sustento legal de la denuncia está en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de
San Salvador) sobre el derecho a la salud.
Al respecto, ratifica que los actores políticos que impulsan estos bloqueos
violan estos preceptos esenciales.
"Ni en situaciones críticas de conflictos armados puede restringirse la
circulación de medicamentos y ambulancias a los centros sanitarios, o tomarse
medidas violentas contra el personal de salud, como está ocurriendo actualmente
en Bolivia por parte de estos grupos, en clara contravención a los principios
del Derecho Internacional Humanitario", aclaró.
La Canciller agregó que en la marcha del 29 de julio, organizada por la Central
Obrera Boliviana (COB) se registraron ataques contra una ambulancia y miembros
de la prensa.
Sucesivamente, puntualizó, se produjeron incendios provocados, bloqueos y
destrucción deliberada de carreteras con el ánimo de impedir el paso de insumos
médicos esenciales, vulnerando de esta manera el derecho a la salud de la
población.
"El Gobierno de Bolivia solicita que los organismos internacionales se
manifiesten censurando la flagrante violación de los Derechos Humanos que
provocan las movilizaciones impulsadas por estos actores políticos",
escribió la canciller en su solicitud.
"Las manifestaciones y bloqueos promovidos por grupos afines al
expresidente Morales están poniendo en peligro la vida de miles de bolivianos,
y esto no puede ser consentido por los organismos internacionales, como tampoco
puede ser ignorado el hecho que no es la primera vez que el expresidente Morales
llama abiertamente a la confrontación", agregó.
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