Juez da detención domiciliaria a Achacollo porque la Fiscalía no hace acusación formal desde 2015

Brújula Digital |03|07|20|

Un juez concedió el viernes detención domiciliaria a la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo (MAS), porque la Fiscalía de La Paz no presentó ninguna acusación formal contra la exautoridad desde el 2015, pese a que varias auditorías establecieron que autorizó el desfalco de mil millones de bolivianos durante el gobierno del masismo.

El juez Alan Zárate determinó el viernes que Achacollo abandone la cárcel de Miraflores, donde fue recluida en diciembre de 2019, y cumpla detención domiciliaria, en la población cruceña de Montero, de acuerdo con la solicitud de su defensa.

El exdirector del ahora Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe, informó el viernes en radio Panamericana que Achacollo no tiene una imputación formal desde 2015 y no lo tendrá mientras continúen el fiscal de La Paz, Marco Antonio Cossío, y el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, porque son afines al MAS y esperan que pase los seis meses, que es el tiempo para la acusación formal, para que la exministra vuelva a solicitar su detención domiciliaria.

El abogado de Achacollo, Mirko  Suaznabar, informó que Achacollo se mantiene detenida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores porque para abandonar el recinto tiene que pagar la suma de 200.000 bolivianos como fianza.

Recordó que Achacollo abandonará la cárcel por segunda vez y bajo la misma estrategia jurídica, que según Quispe está coordinado entre la exministra o el masismo y la Fiscalía, pues antes estuvo privada de su libertad entre 2016 y 2017 por el mismo caso.

El jefe del departamento Jurídico del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Leonardo Gonzales, criticó la decisión del juez Zárate, calificó como arbitraria, anunció que apelará decisión porque hay riesgo de fuga y espera que sea revocada por el Tribunal de alzada.

Pasividad y desembolsos

En 2015, la Fiscalía acusó a Achacollo de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica al haber hallado supuestas irregularidades en la ejecución de distintos proyectos de un fondo indígena que estaba bajo la dirección del ministerio que condujo por cinco años.

En febrero de 2015, el excontralor general del Estado, Gabriel Herbas, detectó un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos en 153 proyectos que nunca fueron ejecutados por el Fondo Indígena, pero que sí recibieron recursos públicos como parte de pagos anticipados. Esta información la proporcionó tras realizar una auditoría. El informe fue entregado al Ministerio Público para su investigación.

El exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe, aseguró que el desfalco supera los mil millones de bolivianos.

Achacollo presidió hasta el 2015 el directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), que se financiaba con recursos de un impuesto cobrado a los hidrocarburos.

La Fiscalía consideró que la imputada actuó con pasividad a pesar de tener conocimiento de las irregularidades en varios proyectos que fueron financiados, pero no se concretaron.

Achacollo, una de las dirigentes campesinas cercana al presidente Evo Morales, siempre ha rechazado las denuncias alegando que las decisiones en el fondo no las tomaba ella sino los dirigentes de sectores sociales que eran parte del directorio.