Política | 27/06/2020

Senado paraliza el ascenso de militares y pide pronunciamiento del TCP

El senador del MAS, Ciro Zabala, explicó que el precepto constitucional señala que los ascensos deben ser de acuerdo a Ley y los documentos enviados por los militares son en base a un reglamento, por esa razón decidieron trasladar el caso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Legisladores opositores al MAS señalan que se trata de una “venganza” contra la institución castrense.

Sesión de la Cámara de Senadores Foto Twitter del Senado

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Brújula Digital |27|06|20|

El pleno de la Cámara de Senadores, con amplia mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), aprobó el informe sobre la demanda de inconstitucionalidad del procedimiento de los ascensos del Alto Mando Militar y determinó la presentación de una acción en este sentido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y mientras no se resuelva la demanda, la aprobación de la nómina en esta instancia legislativa quedó paralizada.

La Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana del Senado emitió un informe en el que se promueve una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 77 del Reglamento del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas (FFAA) del Estado.

“Promover la Acción de Inconstitucionalidad Concreta de oficio contra el artículo 77 del Reglamento del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas del Estado CJ-RGA-239 aprobado mediante Resolución Suprema N° 24774 del 7 de enero de 2019 por contrariar los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 250 y 410 del texto constitucional”, reza el parágrafo primero de la resolución aprobada por el Senado.

Asimismo, se determinó remitir todos los antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en las siguientes 24 horas, preservando la reserva y confidencialidad de la documentación, y “entre tanto no se tenga un pronunciamiento oficial por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, el pleno camaral del Senado se inhiba de pronunciar la resolución final de ascensos a altos mandos de las FFAA”, señala el texto del Senado.

El senador del MAS, Ciro Zabala, explicó que este precepto constitucional señala que los ascensos deben ser de acuerdo a Ley y los documentos enviados por los militares tienen como base  un reglamento, por esa razón decidieron trasladar el caso al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“La Constitución expresa y claramente señala que lo ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme a la Ley respectiva, por tanto, no es en base a un reglamento sino en base a ley que deben elaborarse esas listas. Por este motivo hemos presentado una acción de inconstitucionalidad para que se pueda revisar esta situación”, indicó el senador masista.

Zabala explicó que “en la revisión del reglamento de ascensos que tienen las Fuerzas Armadas, encontramos que el artículo 77 es inconstitucional, la citada disposición normativa tiene un rango inferior a la ley, por lo tanto, incumple con lo previsto en el artículo 250 de nuestra Constitución Política del Estado donde dice expresamente que los ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados conforme a ley respectiva, no dice que serán otorgados de acuerdo al reglamento”.

Agregó que el tema de la aprobación de los ascensos de las FFAA ya no depende del Senado y el TCP  es la instancia que deberá realizar los procedimientos que le competen, “hasta que esta incongruencia inconstitucional no sea arreglada, no podrá hacerse el ascenso de las autoridades castrenses”.

La senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Guzmán, sostuvo que tanto las FFAA como el Ministerio de Defensa, enviaron documentos complementarios para salvar las observaciones que realizaron los senadores masistas y a pesar de todas las complementaciones, el MAS decidió no aprobar los ascensos y derivó el caso al TCP.

“Lo peor de todo es que durante 13 años, el MAS aprobó las listas de los militares tal como eran enviadas desde el Ejecutivo y si ellos dicen que ahora es inconstitucional, eso quiere decir que todo este tiempo el MAS aprobó ascensos ilegales”, manifestó la legisladora de UD.

Senadores de oposición del MAS señalaron que la actitud de la mayoría parlamentaria masista en la Cámara Alta, responde más que acciones estrictamente legales a un afán de “venganza” contra la institución castrense y sus mandos por su comportamiento en octubre y noviembre de 2019 y los senadores del partido azul cumplen las instrucciones emanadas de exautoridades  de gobierno.

Cabe recordar que la presidenta del Senado, Eva Copa, sostuvo que existen varias denuncias sobre cómo se realizó la evaluación de los ascensos en las FFAA, por lo que estas deben resolverse antes de proseguir el tratamiento del tema en el pleno de la Cámara Alta.

Copa al ser consultada sobre si estas denuncias pueden frenar el procedimiento de aprobación, indicó que primero deben resolverse en instancias castrenses o judiciales antes que la nómina de ascensos sea abordada en el pleno del Senado.

El pasado martes, la Fiscalía de La Paz admitió la denuncia, presentada el 12 de junio por el Ministerio de Defensa, contra la presidenta del Senado Eva Copa y el presidente de Diputados Sergio Choque por la demora en el tratamiento y aprobación de la nómina de ascensos en FFAA. Copa y Choque son acusados por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

El numeral 8 del artículo 160 de la Carta Magna, señala que una de las atribuciones del Senado es “ratificar” los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo, para los jefes militares de las tres fuerzas y también de la Policía. En este precepto no se menciona ninguna ley y el Senado solo debería ratificar, en sesión reservada, las listas que les hicieron llegar, señalaron juristas al ser consultados sobre el tema.

Agregaron que de darse curso a la acción constitucional planteada por el senado, se deberán iniciar acciones inmediatas contra los parlamentarios que aprobaron los ascensos en los pasados 13 años, además de las exautoridades del ejecutivo que aplicaron los ascensos “ilegales”, en tanto que los exjefes militares deberán ser objeto de acciones de réplica para la devolución de los recursos que percibieron como consecuencia de su “ilegal” ascenso en la institución castrense y sus decisiones podrían ser objetadas bajo el principio de “usurpación de funciones”.

BD/JI-PA



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