Procuraduría emite requerimientos a ministerios de Defensa y de Gobierno por compra de gases lacrimógenos

Brújula Digital |26|06|20|

La Procuraduría General del Estado (PGE), mediante un comunicado, informó que se emitió ‘requerimientos procuraduriales’ a los ministerios de Defensa y de Gobierno, con relación al proceso de contratación y adquisición de compra de gases lacrimógenos provistos por la compañía Bravo Tactical Solutions LLC.

“En el marco de las atribuciones establecidas por ley, la Procuraduría confía en que ambos ministerios cooperarán y cumplirán con los ‘requerimientos procuraduriales’, remitiendo toda la documentación e información dentro de los plazos legales establecidos”, señala parte del comunicado difundido por la PGE.

En el texto, la Procuraduría sostiene que con esos requerimientos, está cumpliendo con su misión constitucional prevista en el artículo 229 de la Constitución Política del Estado (CPE), de defender “los más altos intereses del Estado”.

De acuerdo a la PGE, el primer paso que se realiza en una investigación jurídica, es solicitar información a los involucrados, en este caso, a los ministerios de Defensa y de Gobierno, motivo por el que se les solicita todo el proceso de contratos, cotizaciones, informes, requerimientos y otros documentos relacionados, en este caso, al proceso administrativo de compra de insumos policiales.

Ministerio Público

En relación a este caso, el Ministerio Público, a principios de junio, admitió la denuncia penal que se interpuso en contra de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Fernando López, por el caso de supuesta compra con sobreprecio, de gases lacrimógenos.

La Fiscalía de La Paz conformó una comisión para realizar las investigaciones por supuestos delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, querella que fue presentada por siete asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Cabe recordar que los documentos preliminares con los que se hizo la denuncia, establecen que el Ministerio de Gobierno envió, el 25 de noviembre pasado, una carta a la empresa Cóndor con sede en Brasil, nota en la que se solicitó una propuesta para la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma.

Pero al día siguiente, la misma repartición de Estado informó a la empresa brasileña, que la compra no se haría de manera directa, sino a través de una intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami, EEUU.

El fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, informó el miércoles pasado que se empezó a elaborar los requerimientos fiscales dirigidos a los dos ministros de Estado y también se pidió cooperación internacional al Brasil, para recibir las declaraciones tanto del dueño de la empresa vendedora, como de otras personas vinculadas a la adquisición

A la fecha, solo los dos ministros están sindicados y la Fiscalía analiza ampliar la investigación a otros funcionarios que trabajan en ambos ministerios.

Asimismo, el gobierno de la presidenta Jeanine Añez desvirtuó la acusación de compras irregulares.

El ministro de Defensa, Fernando López, presentó a principios de mes, documentos de respaldo y negó que hubiera existido sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos.

“Vamos a demostrar las falsedades de esa denuncia con pruebas fehacientes, fidedignas y que seguramente serán parte de cualquier proceso de investigación serio por parte de quien corresponda, en este caso auditoría o Contraloría”, señaló en ese momento el titular de Defensa.

BD/JI-PA