Alto Comisionado de la ONU señala que es “apremiante reducir la población penitenciaria”

Brújula Digital |26|06|20|

La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señala que es “apremiante reducir la población penitenciaria” en el país, haciendo la detención preventiva solo de manera excepcional.

En el país, las 19 cárceles no solo estaban hacinadas sino que en ellas había al menos 11.000 personas sin sentencia hasta marzo del año en curso, de acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo.

“Resulta apremiante, en este sentido, que las autoridades competentes desplieguen a plenitud las acciones pertinentes para reducir la población penitenciaria, privilegiando las medidas no privativas de la libertad y haciendo de la detención preventiva una medida cautelar de aplicación excepcional y por el menor tiempo posible”, señala un comunicado de la OACNUDH, en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que por Resolución de la Asamblea General de la ONU se observa el 26 de junio.

El documento indica que “el hacinamiento carcelario es considerado, al menos, como un trato cruel, inhumano o degradante” y añade que “Bolivia cuenta con una de las tasas más altas de sobrepoblación carcelaria en la región”. Por tanto, continúa, “es urgente que se abata el hacinamiento y se garanticen las condiciones de dignidad al interior de los centros de privación de la libertad”.

Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo (2019) señala que en la cárcel de San Pedro había más de 4.000 internos, quienes conviven en un espacio diseñado para 1.200, es decir, con un 239% de hacinamiento. El mismo reporte señala que en las 19 cárceles del país viven más de 18.000 reclusos con y sin sentencia, lo que significa un 225% de hacinamiento, además de que hay un médico por cada 410 detenidos, los cuales no tienen medicamentos ni ambientes adecuados para el tratamiento en salud.

Rechazan todo tipo de tortura

La OACNUDH rechaza todo acto de tortura y manifiesta su solidaridad con las personas que han sido objeto de tan lacerante práctica.

El organismo considera que “la tortura es una grave violación a los derechos más elementales del ser humano. Su prohibición es absoluta y los Estados están obligados a adoptar aquellas medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar su comisión, así como para reparar de manera integral a las víctimas”.

Afirma que el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret), como mecanismo nacional de prevención a la tortura, debe fortalecerse, “contar con autonomía plena del ministerio de Justicia y ejercer al máximo sus atribuciones, tal y como lo han recomendado los mecanismos internacionales de derechos humanos” porque es una “obligación y fundamental” prevenir la tortura.

El OACNUDH sugiere al Sepret realizar visitas periódicas a los centros penitenciarios para documentar posibles torturas, en momentos en que avanza la pandemia del coronavirus. “En la actual coyuntura causada por la pandemia del Covid-19 y sobre la base de lo establecido en normas internacionales y nacionales, el Sepret debe realizar visitas periódicas a centros de privación de la libertad, formular recomendaciones a las autoridades competentes, documentar casos de tortura y malos tratos y presentar las denuncias correspondientes. Hoy, su misión institucional es aún más relevante”.