La centralidad política del medioambiente

En 2017, el Colectivo No a la Tala de Árboles en Cochabamba perdió una dura batalla para impedir que se construya una pista de patinaje en la Laguna de Coña Coña, uno de los últimos espejos de agua y pulmón verde del exvalle. El alcalde José María Leyes, entonces opositor local al partido de Evo Morales, se alió con ese gobierno para llevar adelante, a como dé lugar, el mamotreto (apodo que recibió la obra por ser una inmensa infraestructura de cemento).

Ante las constantes críticas hacia el proyecto por su elevado costo y reducido impacto social (casi sin uso después de los juegos Sudamericanos), Leyes echó mano del arsenal de descalificaciones contra los ambientalistas, etiquetándolos de “cuatro gatos”. Sin embargo, las manifestaciones fueron numerosas y el pedido interpeló también a los vecinos de esa populosa zona.

En Santa Cruz, el Colectivo Árbol, por su parte, en el mismo periodo, luchó tenazmente para impedir que se construyan grandes infraestructuras sobre el cordón ecológico del rio Piraí. El impulsor de la ley para poner cinco puentes y dos vías en medio del área ecológica cruceña, el diputado Edgar Montaño (MAS), acusó a los ambientalistas de ser “unos pocos” que frenan el desarrollo de Santa Cruz. Los ecologistas respondieron con un inmenso cordón humano que, por su novedad y gran dimensión, fue noticia nacional. 

La idea que los asuntos ambientales interesan a pocos y que, por lo general, a la mayoría de la población le da lo mismo contaminarse o ser contaminado es una expresión de la falta de sensibilidad política de las élites gobernantes bolivianas con una de las principales preocupaciones sociales en este siglo de evidente cambio climático. Es un prejuicio en el que se reafirman cada vez que la sociedad ejerce su soberanía y rechaza o cuestiona las decisiones que toman.

En este campo, hasta ahora, no existen sustanciales discrepancias entre grupos políticos conservadores o progresistas, derechistas o izquierdistas, nacionales o locales. Quien sea que esté en el poder se aferra a sus medidas antiecológicas arremetiendo contra las voces críticas.

La línea más dura en este sentido la puso el anterior gobierno que, a la par que exportaba el discurso de defensa de la Madre Tierra, arremetía contra los ambientalistas adjetivándolos de diversos modos. En particular el exvicepresidente García Linera empleaba, en contra de los ecologistas, las etiquetas de “infantiles”, en alusión a una pretendida falta de capacidad (adulta) para juzgar lo conveniente para el país, y “coloniales” procurando mostrar que los asuntos ambientales son lujos de gente rica o de potencias externas, muy alejadas de las preocupaciones de las personas y países pobres. 

Sin embargo, la subestimación que hizo el MAS de la preocupación social por el cuidado ambiental le costó muy caro. El TIPNIS mostró que la defensa del medio ambiente podría interpelar a toda su forma de gobierno (que decía una cosa y hacía lo contrario). Después vino el Chepete-Bala, Tariquía, Aguaragüe, Takovo Mora, Qhara Qhara y un gran número de resistencias que dieron pie a la Contiocap, el primer movimiento de defensores/as ambientales indígenas que reafirmó que estas preocupaciones no están reservadas a “unos cuantos elitistas”.

Lo ambiental ha calado tan hondo en las preocupaciones sociales de los/as bolivianos/as que es posiblemente lo que terminó de derrumbar al gobierno de Morales. En efecto, borrachos de poder se negaron a dar, en plena campaña reeleccionista, un paso atrás en sus decretos incendiarios o admitir el pedido social de declaratoria de emergencia para la Chiquitanía y otras zonas que se quemaban. El costo fue una notoria pérdida de apoyo electoral en Santa Cruz y otras regiones, por lo que tuvieron que aferrarse al fraude. Los incendios arrasaron también con el MAS. 

El gobierno de Añez está experimentando un poco de lo mismo. Recientemente se ha visto forzada por las encuestas a retirarse de la carrera electoral después de una larga cadena de desaciertos, entre los que destacan el nombramiento de Branco Marinkovic. Es difícil saber si podrán subsistir a las elecciones como una débil fuerza local y en eso tiene mucho que ver su perfil proagronegocio ¿Se hundirán junto con los decretos incendiarios del masismo? Es probable. 

El investigador Jorge Campanini ha desvelado que la anulación del Decreto Supremo No 3973 de julio de 2019, operada a través de dos decretos emitidos el día de jueves 17/09 por el gobierno de Añez (el No 4333 y el 4334), tendrá pocos efectos prácticos en la merma de los incendios y desmontes habida cuenta de que se mantiene vigente el Decreto Supremo No 26075 de 2001 (gobierno de Banzer) y otras medidas administrativas que permiten estas actividades depredadoras. Por ello, el especialista ha denominado al acto de abrogación como un show.

¿Por qué se vieron forzados a esta puesta en escena? La anulación de los decretos incendiarios es, de lejos, la principal demanda social que persiste más allá de la polarización. La abrogación muestra que (así sea parcial o con trampas como pretende el gobierno) el movimiento ambiental ya no puede ser ignorado y que tiene suficiente fuerza y legitimidad como para mover el piso de los poderosos. No estamos ante poca cosa, anular estos decretos equivale a una gran transformación paradigmática. Hay que tener presente que en Bolivia un simple decreto supremo (21060 por ejemplo) puede llegar a ser más importante que toda una constitución. Así de trascendental es este paso. 

Marco Gandarillas es sociólogo.