Había sido importante la Defensoría del Pueblo

Con gritos, insultos, algunos sopapos y acusaciones de ida y vuelta, los diputados y senadores protagonizaron una sesión de sobresaltos y de película. El tema que los convocó fue la definición y aprobación de la convocatoria para la elección del nuevo Defensor (a) del Pueblo, cuyo mandato constitucional es de seis años; pero la actual suplente lleva ya tres años, generando un duro golpe a la institucionalidad de los derechos humanos del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ante el escándalo mayúsculo, el vicepresidente David Choquehuanca tuvo que declarar cuarto intermedio para una reunión de los jefes de bancada. Se dio cuenta del bochorno que significaba la sesión, cuando la misma debería haberse desarrollado con los consensos mínimos, porque lo que estaba en juego y está en debate es la institucionalidad de los derechos humanos, consagrada en la Constitución Política del Estado.

Al fin entendieron los de la oposición y el oficialismo la enorme importancia que reviste este paso, como ser la convocatoria, donde se estipulan los requisitos que deben reunir los candidatos para este importante cargo, cuya autoridad radica en su compromiso, convicción de servicio al país y los derechos humanos, y de un alto perfil moral y ético que demanda el ser Defensor del Pueblo, cargo que lo desempeñaron con la mayor claridad y responsabilidad Ana María Romero de Campero (+), Waldo Albarracin y Rolando Villena (+).

Los derechos humanos nunca estuvieron en cuarentena en el país, pero hubo una Defensoría del Pueblo que estuvo ausente en momentos dolorosos o cuando apareció fue para arengar más el fuego y generar susceptibilidad en determinados sectores del país. Precisamente, uno de los roles de la institución defensorial es convertirse en la instancia mediadora en conflictos sociales, políticos, como los que tuvimos en el 2019. Pero, no tuvo la autoridad moral ni ética para ser la referencia que dé certezas a las partes en conflicto.

Pues bien, ahora el país asiste al proceso de discusiones y aportes para darle un curso a la Defensoría del Pueblo, pero los actores políticos no están respondiendo a este gran reto que implica el compromiso por los derechos humanos, pilar fundamental de la democracia y del Estado Plurinacional, que asume en su Constitución Política más de 70 artículos sobre derechos humanos, además de una serie de leyes sectoriales que protegen y promueven los derechos de las mujeres, niños, adolescentes, indígenas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, población gay, personas con VIHsida, el medioambiente y otros.

Lo mínimo que podría haber hecho el vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, demostrar al país una voluntad política para llegar a consensos mínimos en la definición de la convocatoria, pero no mostrarnos el show de escándalos que hemos sido partícipe, de los cuales ya estamos acostumbrados. Donde debería haber consensos y acuerdos, hubo insultos y sopapos cuando estaba en la mesa del debate parlamentario los derechos humanos y la Defensoría del Pueblo. Paradojas plurinacionales.

Pero estas grescas también nos dejan algunas enseñanzas: habían sido importantes los derechos humanos en el Estado Plurinacional y con ello, la Defensoría del Pueblo es una institución vital, necesaria, útil, cuya autoridad radica en quien la representa, siendo el o ella, que reúna cinco requisitos fundamentales: autoridad moral, ética, liderazgo, honestidad y capacidad.

Rolando Villena, Defensor del Pueblo durante el 2010 al 2016, dijo un 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos: “Este día y cada día es para demandar, reclamar y exigir que los derechos  dejen de ser enunciados abstractos,  ideales etéreos y leyes que no se cumplen  y se tornen en realidades comprensibles, exigibles y practicables”.

Periodista y ex Delegado de la Defensoría del Pueblo