La decisión de habilitar al presidente y vicepresidente asumida por la mayoría de los vocales del organismo electoral es una medida que corresponde a la gestión y administración del proceso electoral. Dicho fallo, en criterio de un alto porcentaje de ciudadanos, carece de imparcialidad y es contraria a la opinión de una amplia mayoría de personas.
Según una encuesta realizada por IPSOS para la televisora RTP el pasado año, el 68% de las personas consultadas no estaba de acuerdo con esta habilitación (Los Tiempos, 24 de octubre de 2017). Otra encuesta más reciente efectuada por Mercado y Muestras para Página Siete, destaca que el 65% de los encuestados considera que el fallo del Tribunal Constitucional que posibilita la reelección de Morales Ayma y García Linera es ilegal. (Página Siete, 7 de octubre de 2018).
Aquellas paradojas en el desempeño del organismo electoral explican y justifican las protestas sociales a nivel nacional en su contra. Quizá, en los siguientes días la tensión en torno a este tema disminuya significativamente debido a que se trata de un conflicto con menos capacidad de movilización comparado con otros (autonomías departamentales y TIPNIS) y debido a que difícilmente un conflicto se puede sostener demasiado tiempo. Como último recurso de protesta es probable que, en las elecciones de octubre de 2019, aquel elevado índice de ciudadanos descontentos con el binomio oficialista habilitado se incline a favor del candidato opositor que se presenta como mejor opción electoral.
Con semejantes antecedentes, un organismo electoral sumiso y que asume decisiones ilegales e ilegítimas, no se garantiza que los resultados electorales de octubre del 2019 sean confiables.
Eduardo Leaño es sociólogo con especialidad en temas electorales.
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