Si nos preguntamos qué develan estas amenazas podríamos responder que demuestran que estamos frente al accionar de grupos al margen de la ley, que se arrogan el derecho de dictar sus normas en lo que consideran su propiedad, su feudo, como en la época de la colonia. O más bien estamos frente a la presencia de un cuasi “narco estado cocalero”, en el que los dirigentes sindicales son la suprema autoridad del lugar, que tienen su propio código de conducta por encima de las leyes del Estado Plurinacional.
Así, no es de extrañarse que el alcalde de Colomi, durante la entrega de obras con la presencia del presidente Morales, amenazara con “enterrar vivos” a los opositores que se atrevan a hacer campaña en su territorio. ¿Se habrá acordado el presidente Morales del nefasto suceso de octubre de 2000 cuando –en el Trópico de Cochabamba– asesinaron de esa manera al teniente Andrade y su esposa?
Las declaraciones del ministro de Gobierno, que ha señalado que en todo el territorio nacional existen las garantías para hacer proselitismo, han sido llevadas por el viento, pues todo indica que carece de autoridad en el Chapare. Pero demás, cuánta diferencia existe en sus declaraciones y acciones respecto de los productores de coca de los Yungas, a los que no solamente acusa de haber formado un sicariato sino que ingresan destacamentos policiales a reprimir en la región, vulnerando derechos de mujeres niños y personas de la tercera edad.
¿No será más bien que es en el trópico de Cochabamba donde existe un casi Estado narco-cocalero que se da el derecho de aplicar la ley con sus propias manos, por ejemplo, linchar a cualquier sospechoso? ¿No será que así dan señales de que en esa región hay una sola justicia, que es la de los productores de coca y de pasta base?
Al final del día fue contundente la respuesta del candidato Carlos Mesa. “Vamos a hacer campaña en el Chapare en los próximos meses; no nos van a amedrentar las amenazas de un partido que se cree dueño de vidas y haciendas y que lanza estas advertencias porque sabe a ciencia cierta que tiene que irse del Gobierno”.
Gregorio Lanza es economista con maestrías en políticas públicas.
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