La presidenta de Perú descartó que su país vaya a abandonar la CIDH tras la liberación de Fujimori

Lima|EFE|19|12|23|

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó que su país vaya a abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) tras desoír la decisión de ese tribunal de no liberar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) hace 14 días.

“No tenemos ninguna motivación para salir de la CorteIDH”, afirmó Boluarte en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, en la que fue preguntada por la petición de varios grupos parlamentarios de retirarse de ese tribunal.

“Cuando asumimos la Presidencia, hemos dicho siempre que somos respetuosos de la institucionalidad, el Estado de derecho y de la democracia, dentro de ese marco legal, la liberación del señor Fujimori calza en este respeto a la autonomía de las instituciones del país”, señaló sobre la excarcelación del exmandatario el 6 de diciembre.

Expresó que la orden de liberación “ha sido un mandato del Tribunal Constitucional (TC)” y argumentó que, si el Gobierno no lo hubiera cumplido, estarían “incurriendo en el incumplimiento de este mandato”.

Pidió a la CorteIDH que sea “célere” para que emitir una decisión final sobre el caso para que pueda cumplir el veredicto o escuchar las decisiones que llegan. 

“A nosotros como Ejecutivo nos corresponde cumplir con las normas internas”, concluyó.

Fujimori fue puesto en libertad el 6 de diciembre en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la CorteIDH pidió a las autoridades peruanas que se abstuvieran de hacerlo “con el fin de garantizar la Justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos”.

Tras su excarcelación, que generó gran expectativa en el país andino, el Gobierno de Perú ratificó su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y sostuvo que había procedido a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional. 

Ya en abril de 2022, la CorteIDH ordenó a Perú abstenerse de aplicar una sentencia del TC que ratificaba este indulto, pues era contraria a las sentencias del tribunal internacional en los casos de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel.

BD/AGT