OPINIÓN| Petro sumido en denuncias o la vorágine colombiana

Brújula Digital |16|08|2023|

Javier Viscarra 

Gustavo Petro cumplió un año como presidente de Colombia y sin ningún rubor, hace unos días, ha soslayado públicamente acusaciones referidas a que su campaña política en 2022 fue financiada por el narcotráfico. La delación, sin embargo, se ha tornado escandalosa; fue hecha pública por su propio hijo mayor, Nicolas Petro Burgos, quien hasta hace unos días se desempeñaba como diputado departamental por el partido político de su padre.

No cabe duda que el golpe ha sido duro y ha desvencijado la gestión de este Presidente de línea próxima a los socialistas del siglo XXI, justo unos días antes de cumplir un año al mando de este país andino, caribeño y amazónico.

Es necesario reflexionar sobre cómo en ciertos países de la región las evidencias y los testigos sobre corrupción pueden ser absolutamente claros, pero sugestivamente insuficientes ante esta nueva corriente de poder que ha girado el péndulo político en la región.

En otra latitud, por ejemplo, una testigo termina siendo procesada como acusada a pesar de haber declarado, muy arrepentida y con pruebas de transacciones bancarias, que fue el instrumento para el desvío de fondos de un ministro. Pero las declaraciones testificales e incluso confesiones ante una Fiscalía, como es el caso colombiano, parecen no ser suficientes. El poder en estos tiempos tiene tanta fuerza que es capaz de enterrar evidencias, testigos y pruebas.

En el caso del hijo del Presidente de Colombia, éste ha confesado ante la Fiscalía, en un juicio que enfrenta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que recibió dinero de un capo del narcotráfico, Samuel Santander Lópesierra, apodado el “señor Marlboro”. Según su declaración, ese dinero fue usado en la campaña de su padre, el primer presidente de izquierda en ese país.

Es curioso cómo un narcotraficante, condenado en Estados Unidos a 18 años de prisión, entre 2003 y 2021, hoy vuelve a tomar protagonismo como supuesto financiador de una campaña política. De ser cierto, es una señal más sobre cómo el poder del narcotráfico penetra instituciones y gobiernos.

En los últimos días y de forma confusa, el exnarcotraficante ha negado su participación en los dineros para la campaña política de Gustavo Petro. Sin embargo, queda abierta la duda. Para colmo, el “señor Marlboro” pretende ser candidato a la alcaldía de Maicao, en La Guajira, para las próximas elecciones regionales colombianas fijadas para octubre 2023.

Según ha confesado el hijo de Petro, una parte del dinero “donado” fue para la campaña del actual Presidente, la otra, de acuerdo a la acusación de Day Vásquez, su exesposa, fue usada por Nicolás en lujos y placer.

Colombia no termina de salir de una historia marcada por una densa espiral de violencia que tuvo su apogeo en la década de los 80, pero que ha continuado incluso hasta estos días. Aquello le ha llevado a Gustavo Petro a proponer como prioridad una “Agenda de Paz” en favor de su país, caracterizado por su naturaleza oligárquica y contrainsurgente, como la ha definido el propio Petro en diversas ocasiones.

El mandatario colombiano vive el peor momento desde que asumió la presidencia: respecto a las clases populares que no han satisfecho sus expectativas, a la clase media y a un poderoso narcotráfico que envuelve a guerrillas todavía vigentes, grupos paramilitares y un nuevo grupo neoparamilitar denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), presentes en nada menos que en 25 de los 32 departamentos de Colombia.

Esta situación hace dudar al colombiano más optimista sobre el éxito de la puesta en marcha del histórico acuerdo de paz logrado en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que justamente debe comenzar a ser efectivo en este mes de agosto.

El escándalo para Petro tiene un inevitable toque emocional porque involucra a su hijo. El hecho ha opacado los otros problemas del Presidente que, al comenzar el año, soportó un resquebrajamiento de su gobierno con la salida del esquema gubernamental de grupos moderados con los que había logrado una difícil y delicada alianza. Quizá, sin saberlo o sabiendo, los colombianos están viviendo una cruda narrativa del realismo mágico del Gabo.

“No lo crié”, dijo Gustavo Petro al hacer referencia a que no estuvo en los primeros años de vida de su hijo Nicolás, seguramente en un intento ruin y por demás desgarrador por justificar la conducta de su vástago.

En una frase que hace presumir que él y sus partidarios se consideran la reserva moral de su país, Petro dijo “venimos de algo diferente, de otra realidad, de otra sensibilidad…”, y añadió: “tengo que decirle a esa persona: no siga diciendo mentiras”, en clara alusión a su hijo.

A pesar de todo este remezón político, Petro, exguerrillero de “El Eme” como popularmente se conoce al grupo M-19, disuelto hace casi tres décadas, parece de un lado muy seguro de continuar firme al frente de su proyecto de cambio en Colombia; mientras que, por el otro lado, da la sensación que no le afecta la virtual encrucijada que enfrenta entre renunciar al gobierno o aplastar las acusaciones que vinculan su campaña política con el narcotráfico, sean estas verdaderas o no.

Javier Viscarra es abogado, periodista y diplomático.