Familiares de reos en El Salvador piden liberación de "inocentes" en medio de régimen de excepción

San Salvador / EFE |16|08|23|

Un grupo de familiares de personas detenidas en el contexto de un régimen de excepción en El Salvador solicitaron este miércoles establecer un diálogo con el comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, para exponer sus denuncias y pedir la liberación de “inocentes”.

Las personas, que integran el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), se concentraron en la plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador, y luego se dirigieron a la oficina del comisionado de derechos humanos.

Alfredo Mejía, portavoz del Movir, dijo a la prensa que “una asistente del comisionado” les recibió un comunicado con información y petición de liberación de personas “inocentes” detenidas “arbitrariamente”.

Señaló que él solicitó una reunión con el colombiano Guzmán para establecer un diálogo.

“Esperamos que el comisionado, al leer este documento, vea una iniciativa de diálogo para que se liberen a los inocentes”, apuntó.

Tras entregar la misiva, los miembros del Movir se movilizaron a la Casa Presidencial, pero un grupo de agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) les bloqueó el paso lo que les impidió llegar a su destino. 

El Movir cumple este miércoles un año de organización y surgió en el marco del régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa para combatir a las pandillas, que ha dejado más de 5.000 “víctimas directas”, la mayoría por detenciones arbitrarias.

Este Movimiento ha acompañado a familiares de los detenidos ante diversas instituciones, donde han defendido su inocencia.

El Congreso, a petición del Gobierno de Nayib Bukele, aprobó la medida de excepción tras una escalada de asesinatos en marzo de 2022 que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. El régimen se ha ampliado en 17 ocasiones por términos de 30 días.

De acuerdo con cifras divulgadas por fuente oficiales, esta medida ha dejado a más de 72.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas.

BD/AGT