Violencia en Ecuador: atentados, asesinato de un alcalde y 31 presos muertos en motines carcelarios

Quito / Agencias

Los disturbios del fin de semana en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, el asesinato de un alcalde y los recientes atentados aterrorizan a la población ecuatoriana.

Una cadena de hechos violentos en los últimos días en Ecuador, con el asesinato el domingo del alcalde de la tercera ciudad del país, una nueva matanza durante el fin de semana en una cárcel y una seguidilla de atentados en una localidad del norte llevaron al gobierno de Guillermo Lasso a decretar dos estados de excepción, el último de ellos referido al control de todas las cárceles del país.

Ecuador, que lleva inmerso más de dos años en un repunte aún irrefrenable de la violencia y de los crímenes, volvió a sufrir desde el fin de semana una cadena de ataques que acrecientan la principal preocupación de los ecuatorianos: la inseguridad.

El martes, el gobierno ecuatoriano emitió un estado de excepción en un intento de recuperar el control sobre el sistema carcelario que se declaró en huelga el lunes con la retención de casi un centenar de guardias penitenciarios -ya fueron liberados, según se informó el martes por la tarde- y que en los últimos días ha presentado nuevos enfrentamientos entre presos con muertos.

Paralelamente, en la ciudad de Esmeraldas, a 182 kilómetros al noroeste de la capital, se registró una ola de violencia que incluye un enfrentamiento entre internos de la cárcel estatal que hay en esa provincia costera, una explosión de una bomba incendiaria ante el edificio regional de la Fiscalía, que dejó un herido, un incendio de un autobús y un vehículo particular por parte de desconocidos.

Violencia en las cárceles

La última masacre ocurrida en la Penitenciaría del Litoral, su prisión más grande y poblada, dejó al menos 31 presos asesinados y 14 heridos, a la vez que en trece prisiones los reclusos hacían huelga de hambre y retenían a 137 guardias en seis de ellas.

El enfrentamiento entre dos de las bandas rivales que se disputan el control interno de las cárceles ecuatorianas comenzó desde la noche del sábado en la Penitenciaría, situada en Guayaquil, y se prolongó durante tres días con disparos y explosiones hasta que este martes un contingente de unos 2.700 policías militares ingresó a la prisión.

La Policía y las Fuerzas Armadas entraron después de que Lasso decretara el estado de excepción del sistema penitenciario para detener una situación casi sin precedentes, con incidentes en 13 de las 35 cárceles del país.

La Penitenciaría, que actualmente alberga a unos 5.600 reclusos, ha sido escenario de algunas de las peores masacres, como dos en 2021 que se saldaron con 123 y 65 asesinados, respectivamente, y esta con 31 fenecidos se suma ahora a ellas, sobre todo por la crueldad hacia las víctimas, que incluyó linchamientos y decapitaciones.

Presos con armas de guerra

Como en anteriores ocasiones, los presos contaban con un amplio arsenal de armas blancas y de fuego, desde machetes a fusiles de asalto.

Entre el material de guerra incautado a los presos de la Penitenciaría hay quince pistolas, once fusiles de largo alcance, dos revólveres, dos subametralladoras mini uzi y un lanzagranadas, además de cientos de balas de distintos calibres, cinco chalecos antibalas, dos granadas de gas y un artefacto explosivo de tipo artesanal.

También se encontraron en su poder drogas como cocaína y marihuana, herramientas industriales como talados y una sierra radial y otros objetos prohibidos dentro de la prisión como un centenar de teléfonos móviles, seis radios, electrodomésticos y más de 4.400 dólares.

La Fiscalía abrió de oficio dos investigaciones previas, la primera por asesinato y la segunda por terrorismo, por las detonaciones y cantidad de armas y municiones encontradas al interior del centro carcelario.

El Comité Permanente de Defensa por los Derechos Humanos (CDH), que da respaldo a los familiares de las víctimas de las masacres de la Penitenciaría para reclamar justicia y reparación, aseguró este martes en comunicado que este episodio ha demostrado “la plena incapacidad” para responder a estas situaciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), que tiene a cargo las prisiones de Ecuador.

Asimismo, consideró que “la gestión de la seguridad en el sistema penitenciario de Ecuador se ha limitado únicamente a reaccionar, de forma inoportuna, frente a hechos de violencia”.

“Es decir, se ignora solucionar el problema de ingreso de armas masivas a los centros carcelarios, las condiciones de vida de las personas en prisión y su derecho a la rehabilitación”, añadió.

Liberación de guardias retenidos

Mientras se trataba de retomar el orden en la Penitenciaría del Litoral había otras intervenciones similares en aquellas cárceles donde desde el lunes los presos retuvieron al personal penitenciario del SNAI por motivos que aún no han sido preciados por los organismos oficiales.

Hasta el momento, según datos de la Presidencia, han podido ser liberados 120 de los 137 agentes que fueron retenidos en diferentes cárceles.

Este episodio ocurrió a escasas tres semanas de que se celebren las elecciones generales extraordinarias, marcadas por la crisis de inseguridad ante el auge de la delincuencia y del crimen organizado, que ha llevado a Lasso a decretar por 60 días el estado de excepción en las provincias de Manabí y de Los Ríos y en el municipio de Durán, perteneciente al área metropolitana de Guayaquil.

BD/RPU