Gobierno denuncia que exministros Rojo, Ortiz y Guzmán causaron daño económico al Estado por Bs 76,3 millones

Brújula Digital |28|04|21|

El Gobierno denunció en la víspera una presunta megacorrupción y malos manejos que involucran a los exministros Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán, todos designados en la gestión de Jeanine Añez, por un supuesto daño económico al Estado de 76,3 millones de bolivianos.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, explicó que los casos de corrupción se presentaron en varias instituciones vinculadas al despacho que dirige e incluyen el uso de taxis aéreos y de gasolina pagada por el Estado para fines particulares, contratos irregulares, entre otros.

Los delitos por los cuales se acusa a Rojo, Ortiz y Guzmán son de presunta corrupción pública como contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, peculado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, nombramientos ilegales, falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión, informó el ministro Huanca.

El primer caso se refiere a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), donde el exgerente Eduardo Wilde Jordán firmó a nombre de Bolivia un contrato ilegal para la compra de 30.000 toneladas de trigo transgénico por 51 millones de bolivianos a una empresa de EEUU. Este contrato va contra los intereses del Estado ya que generó una demanda arbitral tramitada en Londres para el pago de daños y perjuicios por un monto de 2.894.784 dólares, dinero que equivale a unos 20 millones de bolivianos.

Huanca afirmó que en el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas (Sedem), el exgerente técnico de la empresa de abonos y fertilizantes, Sergio Luna Camacho y otros, realizaron la compra de fertilizantes, pero luego se evidenció en los almacenes un faltante de esos productos por valor de 8.898.518 de bolivianos sin que exista un registro del destino de dichos artículos.

En la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) se encontraron cinco presuntos casos de corrupción. Uno de ellos se refiere al nombramiento ilegal de Karina Fabiola Leiva Añez, quien sería pariente de Jeanine Añez. Leiva creó cargos ejecutivos innecesarios en tiempo de pandemia, lo que ocasionó un daño económico al Estado por más de 113.000 bolivianos.

Además, incrementó los sueldos a nivel ejecutivo en 2020 por un monto 1.276.000 de bolivianos de manera discrecional y sin la debida justificación y autorización competente.

La exgerente de frutos amazónicos de EBA, en Riberalta, Carmen Alicia Melgar, el extesorero Javier López Arce y otros, realizaron manejos discrecionales por un monto de 8.369.000 de bolivianos para la compra de castaña sin ningún descargo o recibo.

También se recibió productos para las canastas estudiantiles sin ningún tipo de contratos por un valor de dos millones de bolivianos. Además, autorizaron la transferencia de dineros a cuentas bancarias personales por 219.907 de bolivianos, según la denuncia.

Respecto a la Empresa Azucarera San Buenaventura, el exejecutivo, Jorge Barrios Villa favoreció ilegalmente la adjudicación de la empresa Stylo y Diseño para el servicio fraccionado de azúcar por un monto de 1.280.000 de bolivianos sin cumplir las especificaciones técnicas requeridas.

También se favoreció en la adjudicación irregular de la empresa Campo Verde por la provisión de urea con presunto sobreprecio de más de un millón de bolivianos.

En la Unidad de Fiscalización de Empresas, el exdirector Raúl Terceros Salvatierra emitió resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes al permitir la reducción de sanciones a empresas ocasionando un daño económico de 362.184 de bolivianos, dijo Huanca.

En Zofra-Cobija, el exdirector Rodolfo Añez Domínguez, quien sería pariente de Jeanine Añez, contrató personal excesivo sin justificación ocasionando un daño de 933.101 de bolivianos.

En la empresa ProBolivia, el ex director ejecutivo, José Eduardo Selek Suárez, contrató a una persona que trabajó con títulos falsificados.

El exministro Rojo autorizó la entrega de combustible para uso de personas particulares por un monto de 113.000 de bolivianos y, junto a Ortiz, usó taxis aéreos a Santa Cruz con fines privados por un monto de 92.000 de bolivianos sin que existan descargos fundamentados.

Respecto a la Alcaldía de La Paz, el ministro Huanca denunció que otras autoridades firmaron un contrato con el municipio para que Emapa entregue canastas escolares, pero hasta la fecha el burgomaestre Luis Revilla no paga la suma de 23.640.000 de bolivianos.

Todos estos casos fueron enviados a la Fiscalía para su investigación, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.