Fundación Tierra remite informe a Choquehuanca para iniciar investigación en contra de Branko Marinlovic

Brújula Digital 12|11|20

La Fundación Tierra, mediante un informe, pidió al nuevo vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, iniciar una investigación sobre la titulación de tierras a favor del exministro de Economía, Branko Marinkovic. Anteriormente, dicha fundación denunció que el gobierno de Jeanine Añez habría beneficiado a Marinkovic con 33.480 hectáreas de tierras en Santa Cruz.

El documento de Fundación Tierra exige una “fiscalización rigurosa e inmediata del saneamiento y titulación de tierras del ‘caso Marinkovic’ en vista de que existen indicios de que el Institución Nacional de Reforma Agraria (INRA), bajo el gobierno de Jeanine Añez, habría acelerado la tramitación de dos predios” a nombre del exministro.

Asimismo, adjunta información acerca de los dos predios adjudicados a Marinkovic. El primero de ellos, se trata de la empresa agropecuaria Laguna Corazón que cuenta con 12.00 hectáreas. El segundo es la empresa Tierras Bajas del Norte con 21.000 hectáreas.

El 4 de noviembre, la Fundación Tierra, denunció que el gobierno de Jeanine Añez, benefició a Branko Marinkovic, con 33.480 hectáreas de tierras. Sin embargo, el exministro negó la acusación y afirmó que las tierras fueron compradas de manera legal durante 10 años.

En caso de existir vulneraciones, el exministro de Economia podría ser juzgado por la presunta comisión de uso indebido de influencias estipulado en el artículo 146 del Código Penal, que señala que “cualquier funcionario público o autoridad que, directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivativas de las mismas obtuviese ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con presidio de dos a ocho años y multa de cien a quinientos días”.

El comunicado recalca la petición a la Asamblea Legislativa de iniciar “con carácter de alta prioridad” la investigación para dar con los responsables y sancionarlos “por actos de corrupción y tráfico de tierras” como manda la ley.

BD/MC